El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) se presentó ante la Corte Suprema de Jujuy para solicitar su adhesión a la “acción de inconstitucionalidad” elevada por las comunidades originarias contra la reforma constitucional aprobada por el gobierno de esa provincia ubicada en el noroeste de Argentina.

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Con la firma del Coordinador Nacional de ENDEPA, Rodolfo Fernández, la entidad dependiente de la Conferencia Episcopal explica en su argumentación que “la reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referidas a los Pueblos Indígenas”.

La también dependencia de la Iglesia Católica aseveró que la legislación afecta los “bienes ambientales” e “intereses" de las comunidades originarias, así como “el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, el derecho al acceso a la información adecuada”, entre otros.

En una entrevista brindada a medios locales, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, aseguró que “ha sido un tiempo de deliberación para continuar acompañando, no solo desde lo religioso y pastoral, sino también desde los aspectos legales” a las comunidades indígenas.

Fernández declaró, además, que "lo que pasó ha causado una conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo, que llevará tiempo poder sanar”.

Asimismo, el obispo de Jujuy afirmó que la jerarquía de la Iglesia trabaja “por una pacificación, bajando niveles de conflicto; buscamos entonces una mesa de diálogo y participación, donde surgen voces comprometidas con la paz social”.

El gobernador local de Jujuy, Gerardo Morales, impulsó reformas a la Constitución provincial para, entre otros fines, entregar los recursos naturales; lo que significa un retroceso en derechos básicos y desató protestas de diferentes sectores sociales que exigen su renuncia y que no avance la nueva reforma.

Con el paso de los días, varios de los manifestantes en Jujuy han sido víctimas de represión policial; por lo que el movimiento ahora exige, además, que cese la persecución contra los líderes comunales, así como la dimisión también del ministro de Seguridad de Morales, Guillermo Corro.