Este 11 de mayo se cumplen seis años del asesinato de cuatro indígenas por personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) de Estados Unidos en el río Patuca, en la región de Mosquitia, Honduras.

Como resultado del ataque murieron de múltiples heridas provocadas por proyectiles disparados desde ametralladoras M60 Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14) y el joven Emerson Martínez (22).

De manera similar al asesinato de la reconocida defensora ambiental y líder social Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016, la masacre de Mosquitia sigue impune, a pesar de las pruebas que muestran la implicación de funcionarios de la DEA.

Masacre sin justicia

La directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva manifestó en agosto de 2017 que los avances en este caso de la muerte de los misquitos por agentes de la DEA son casi nulos.

Según Oliva, los pocos avances en el caso dan muestra del grado de impunidad que rige a los encargados de la justicia en Honduras. Sin embargo, la defensora reconoció la labor del Ministerio Público (MP).

“Lo que sí es notorio y podemos destacar es que desde el Ministerio Público (MP), se ha realizado requerimiento fiscal en contra de algunos miembros de la DEA y los militares que participaron en la masacre”, aseguró Oliva.

En cuanto a las diligencias del MP, Oliva denunció que el organismo nunca los convocó para avanzar en las investigaciones, a pesar de conocer que la Cofadeh representaba legalmente a las víctimas de la masacre. 

Ante esta situación, Berta Oliva reiteró que no hay ningún avance en materia de justicia en los hechos del 11 de mayo de 2012.

En 2016 la Cofadeh presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue desestimado por el máximo órgano de justicia, dejando a los familiares de los fallecidos y a las víctimas sobrevivientes, sin acceso a encontrar justicia en Honduras.

Caso Berta Cáceres

El 2 de marzo del presente año, las autoridades de Honduras denunciaron la captura del presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

>> Detienen a autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Según la investigación sobre el crimen a Cáceres, que dirige el Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el empresario proporcionó la logística y recursos necesarios a uno de los autores materiales del hecho.

Entre los detenidos por su vinculación contra el crimen se encuentra el investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcándel Rosales Izcano, que fueron procesados por presentar pruebas falsas para desviar la investigación por el asesinato de la ambientalista hondureña.

A la fecha, al menos ocho personas están detenidas, entre ellos el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo; Edilson Atilio Emerson, Eusebio Duarte Meza y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

A pesar de la actuación de la Justicia, familiares de la líder indígena y grupos ambientalistas han denunciado la participación de funcionarios del Gobierno ligados a la empresa DESA y han reiterado que el Estado no dió las garantías de seguridad ordenadas por instancias internacionales en favor de Bertha Cáceres