La Embajada de Haití en la República Dominicana informó este viernes en un comunicado que la Cancillería haitiana solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asistencia para llevar a cabo una investigación internacional sobre el magnicidio de Jovenel Moïse.

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El pedido fue presentado ante el secretario general de la ONU, António Guterres, por parte del ministro de relaciones Exteriores y Culto, Claude Joseph, mediante una carta fechada el 3 de agosto pasado.

“La asistencia solicitada a la organización universal consistirá, por una parte, en la creación de una comisión internacional de investigación en apoyo de la labor de los órganos nacionales y, por otra, en la creación del tribunal especial para la persecución de los culpables presuntamente”, dice el texto.

El documento recuerda que la ONU brindó su asistencia cuando en febrero de 2005 ocurrió un atentado terrorista en el Líbano, en el cual murieron 22 personas, incluso el entonces primer ministro Rafik Hariri, y hubo decenas de heridos. En esa oportunidad se creó el Tribunal Especial para el Líbano (TEL) y se llevaron a cabo los juicios del atentado contra Hariri.

“En nombre de la solidaridad caribeña, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití solicita también el apoyo de la Comunidad Caribeña (Caricom)”, continúa la misiva, al tiempo que explica que esta petición formal se realizó mediante carta enviada al presidente de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno, Gastón Browne.

La Cancillería haitiana considera que el asesinato del presidente Moïse, cuyo ataque causó también heridas a la primera dama, Martine Moïse, “está calificado como un crimen internacional” por la supuesta participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del hecho, concluye la carta.

Hasta el momento, la Policía Nacional de Haití (PNH) ha detenido a decenas de personas, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios ciudadanos haitianos. Además, se identificó a Christian Emmanuel Sanon, de 63 años, como presunto conspirador que contrató a los exmilitares colombianos para hacerse presumiblemente con la Presidencia.

Igualmente, la PNH detuvo 44 personas, 12 oficiales entre ellos, de los cuales cuatro están relacionados directamente con el magnicidio. También se emitió orden de búsqueda de la jueza Wendelle Coq Thélot, relacionada con el caso, además de las emitidas para dos políticos, un empresario y dos personalidades religiosas.