Movimientos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de Haití convocaron a tres días de movilizaciones en defensa y respeto de la Constitución de 1987, que restauró libertades y derechos tras tres décadas de dictadura en la isla caribeña.

LEA TAMBIÉN:

Movimientos sociales protestan ante embajada de EE.UU. en Haití

Al cumplirse el 29 de marzo los 34 años del referendo constitucional que llevó a la Carta Magna de 1987, el Sector Democrático y Popular, la Comisión Protestante contra la Dictadura y Mache pou lavi (Marchamos por la vida), invitaron a la población a movilizarse los días 28, 29 y 30 del presente mes.

Las jornadas de protestas también servirán para denunciar las acciones del presidente Jovenel Moïse, consideradas por estas plataformas contrarias a la Constitución, además del proyecto de consulta popular emprendido por el Gobierno para modificar la carta magna.

De acuerdo a la exministra de la Condición Femenina Marjorie Michel, las protestas no solo exigirán respeto por la Constitución vigente, sino que también denunciarán la mala gobernabilidad del país.

Michel deploró el clima de inseguridad y denunció una supuesta alianza entre el Estado y grupos armados en detrimento de la población más vulnerable.

Por su parte, Rosemond Pradel del partido Fusión de los Socialdemócratas rechazó el discurso del Gobierno cuando asegura que la Constitución constituye la principal fuente de inestabilidad del país.

'Los presidentes toman lo que quieren del documento de 1987 y rechazan lo que no quieren, o no desean', dijo el veterano político, aunque admitió que la ley de leyes contiene imperfecciones.

Las protestas en Haití se intensificaron desde inicios de febrero, y a pesar de la presión popular y del recrudecimiento del clima de inseguridad, aún el presidente Moïse cuenta con el apoyo de EE.UU. y  la comunidad internacional que alienta elecciones para renovar el personal político.

El Gobierno haitiano anunció la consulta popular para el próximo 27 de junio, que de aprobarse modificaría el sistema parlamentario actual, eliminaría el Senado y permitiría a los integrantes de la diáspora ocupar cargos políticos.