Un juez guatemalteco ordenó la captura de otro implicado en el caso conocido como "Diario Militar", en el cual militares y policías, ahora retirados, habrían participado en la captura, torturas y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos entre 1983 y 1985.

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Realizan audiencia en Guatemala sobre el caso Diario Militar

Se trata de una orden de captura contra el militar retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien llegó a la audiencia de primera declaración de los 11 detenidos el pasado jueves, para dilucidar la orden de aprehensión en su contra.

Esa orden refiere a los mismos crímenes que le atribuyen al resto de los implicados: delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada.

Salán fue miembro de la Dirección de Inteligencia (D-2) del Ejército de Guatemala a finales de la década de los ochenta y también durante el inicio de los noventa hasta el fin del conflicto armado en 1996.

Para entonces fue destituido por haber sido partícipe de una red criminal de contrabando aduanero organizada desde el Ejército y conocida como La Cofradía, escándalo desatado por la investigación "Poderes Ocultos" de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

La pasada semana, la Fiscalía de Derechos Humanos, de Guatemala develó la investigación del caso denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, el cual consta de 73 hojas tamaño oficio distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia.

Esos archivos son, en realidad, listas de cateos efectuados a diferentes casas y organizaciones de derechos humanos; la sexta consta de un registro pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial.

Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, con más del 90 por ciento de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.