La Guerra Civil en Guatemala (1960-1996) culminó con la firma de los acuerdos de paz entre el Estado  y la entonces guerrilla de la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG), epílogo de las luchas guerrilleras por la liberación nacional que tuvieron lugar en Centroamérica desde la década de los años sesenta. Uno de los resultados del mismo fue el establecimiento de una Comisión de la Verdad, del seno de la cual surgió la conmemoración de la fecha del 25 de febrero como de "dignificación de las víctimas".

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El 25 de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentó el informe "Guatemala: Memoria del Silencio" (émulo de un informe similar en El Salvador) donde además de dar a conocer que los hechos cometidos contra poblaciones indígenas constituían actos de genocidio, así como documentaba las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra población civil, tanto en el área urbana como en las comunidades del país por el ejército guatemalteco.

Dicho informe recomendaba, además, al Estado guatemalteco, establecer que cada 25 de febrero se conmemorara el "Día nacional de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno" a través del Programa Nacional de Resarcimiento. En ese sentido, ese día "busca honrar a todos aquellos hombres y mujeres sobrevivientes, y dignificar la memoria de aquellas personas que fueron masacradas, ejecutadas y desaparecidas en manos del ejército por la política ejercida desde el Estado", lo cual fue aprobado por el Congreso de Guatemala en 2004, mediante el Decreto número 06-04.

El Informe nombra los hechos de violencia y represión que sufrió el pueblo guatemalteco en manos de un ejército que con la implementación de la estrategia contrainsurgente cometió delitos de lesa humanidad.

Los 36 años que duró la Guerra Civial dejó 200.000 muertos, de los cuales 45.000 fueron desaparecidos, se estima que entre 500.000 y un 1,5 millones de personas tuvieron que huir como consecuencia directa de los planes de campaña y operativos militares que el Ejército desarrolló para recuperar el control de la población civil en las áreas de conflicto, de acuerdo a la propia Comisión de la Verdad. También se reportaron unas 626 masacres cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, con unos 5,000 niños desaparecidos.

Es por ello que cada año familiares, sobrevivientes, colectivos y organizaciones sociales y de derechos humanos conmemoran esta simbólica fecha, no solo para recordar sino también para honrar la vida y lucha de campesinos, líderes estudiantiles y sindicalistas, académicos, religiosos, hombres, mujeres, niños y niñas, así como para demandar justicia, resarcimiento y reparación integral porque no se puede dignificar a las víctimas mientras las graves violaciones a los derechos humanos permanezcan en la impunidad y los responsables no sean juzgados y encarcelados.

Las organizaciones civiles e indígenas también recuerdan en esa fecha los ideales de lucha de todas aquellas personas víctimas del conflicto armado, que no tuvieron miedo de callar las injusticias, las cuales trabajaron para que en Guatemala "desaparecieran el racismo, la pobreza, la discriminación, y la exclusión, y que siempre defendieron la dignidad y libertad de su pueblo".