El Grupo de Puebla hizo un respaldo contundente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque a criterio del grupo hay una campaña de judicialización de la política dirigida por el Fiscal General colombiano, Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello. 

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En el comunicado también firmaron destacados líderes progresistas, entre los que destacaron los expresidentes Ernesto Samper y Rafael Correa; la misiva también contó con rúbricas de la jerarquía de congresistas y exministros de varios países hispanohablantes. 

La misiva denuncia la persistencia de Barbosa y Cabello en vincular la gestión gubernamental de Gustavo Petro con los asuntos judiciales que entorpecen el debido proceso enmarcado por la Constitución colombiana. 

Por lo que, el comunicado concluye en instar a las autoridades de Colombia a garantizar la dependencia del Poder Judicial y centrarse en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, estén en ejercicio o no de cualquier ente del Estado. 

Alegan que la justicia se debe a ser utilizada como un instrumento político en detrimento de la democracia y el Estado de derecho.