El Gobierno de Perú decidió este lunes otorgar apoyo excepcional y por única vez a los deudos de las víctimas mortales y a los heridos en las manifestaciones contra la ley agraria de 2020, impulsada por el expresidente Martín Vizcarra.

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Amparado en el decreto de Urgencia Nº 114-2021 el presidente de la República impone esta medida que no tiene naturaleza resarcitoria ni de reparación, de manera que los afectados podrán emprender acciones administrativas, civiles o penales contra los agentes de policía que formaron parte de la represión a los manifestantes.

Según reza el texto, el pago debe cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de otorgar ese aporte para saldar la necesidad de hacerle frente a los efectos adversos que han sufrido los comprendidos en la norma.

La normativa fue publicada este lunes en el Diario Oficial y precisa que las movilizaciones ocurrieron entre el 10 y el 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre de 2020, donde hubo heridos de gravedad y las personas fallecidas ocurrieron entre el 20 y 30 de diciembre de 2020.

De acuerdo con el texto, las dos víctimas mortales recibirán un apoyo de 40.000 soles (9.991,26 dólares), hasta por un monto máximo de 80.000 nuevos soles (19.982,52 dólares),

Mientras tanto, a los heridos de gravedad se les entregará una subvención de 15.000 (3.746,72), 25.000 (6.244,54 dólares) y 40.000 soles (9.991,26), en dependencia de lo que determine la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, conformada mediante Resolución Suprema N.º 221-2021, hasta por un monto de 720.000 nuevos soles (179.842,64 dólares).

El documento aclara que el presupuesto requerido incluye a los gastos bancarios y no requerirá recursos adicionales al Tesoro Público, pues se financiará con cargo al presupuesto institucional del año Fiscal 2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El 20 de noviembre de 2020 se suscitaron una serie de protestas contra la ley agraria  en reclamo de mejores condiciones laborales. Al comienzo, las protestas consiguieron paralizar el avance de la norma, sin embargo, ante la incapacidad del Legislativo de aprobar una nueva ley con esas demandas, se anunció el inicio de un paro agrario.

Según datos gubernamentales, cerca de 12 trabajadores de campo murieron durante la represión a las manifestaciones. Una de las víctimas fue un menor de 16 años, y otros también fueron baleados. Tras la represión, el ministro del Interior de esa fecha, José Elice anunció medidas de reforma a la policía.