A partir de este sábado en Perú, el Gobierno de la designada presidenta, Dina Boluarte, prorrogó el estado de emergencia en la región Puno (sureste) por 30 días, en los que las fuerzas armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno.

LEA TAMBIÉN:

Convocan a nuevas protestas contra Dina Boluarte en Perú

De acuerdo con un decreto supremo firmado por Boluarte y varios ministros, en Puno se continuará con la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.

Se estipula que bajo este régimen en Perú la intervención de la Policía Nacional y las fuerzas armadas se ciña a las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía y las reglas de empleo y uso de la fuerza de los institutos armados.

Asimismo, se deberá cumplir con el "Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad".

No obstante, en mayo último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, y aseveró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en la región Ayacucho.

Desde inicios de año, Puno está declarada en estado de emergencia, al estallar las protestas contra Boluarte y el Congreso. Las masivas movilizaciones y bloqueos de caminos, prácticamente, paralizaron la región en enero y febrero pasados, lo que provocó unos 18 muertos en la ciudad de Juliaca.