Gobierno de Guatemala revoca credenciales a miembros de la Cicig
La Cicig aseveró que la remoción de la inmunidad para ejercer sus funciones es potestad del comisionado encargado, no del Gobierno de Guatemala.
El Gobierno del presidente Jimmy Morales revocó este martes las credenciales e inmunidad que tenían los 11 investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Cancillería del país centroamericano indicó que a los miembros de la Comisión se les informó que sus acreditaciones quedaron sin efecto tras revocar sus visas, por lo que dejaron de gozar de los privilegios otorgados.
La Cancillería de #Guatemala deja sin efecto credenciales y visados de investigadores de las @CICIGgt que llevaban las pesquisas de la familia de @jimmymoralesgt que enfrentan proceso penal por supuestos actos de corrupción #Guatemala
— Mario Rosales (@MarioteleSUR) December 18, 2018
En octubre pasado, el mandatario negó al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, su ingreso al país después de que el organismo realizara una investigación sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a Morales durante su campaña presidencial.
La Cicig aseguró que no recibieron ninguna notificación diplomática como demanda el caso y recordó que sus inmunidades "derivan del convenio de creación de la comisión, no de la acreditación ni de la visa de cortesía (por lo cual) solo el comisionado puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales".
�� COMUNICADO DE PRENSA: Sobre información que circula respecto a la situación de 11 funcionarios internacionales. pic.twitter.com/Y4Nhx2KRHD
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) December 18, 2018
Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que estas acciones el Gobierno buscan entorpecer el trabajo de la Cicig.
Asimismo, el portavoz de la Comisión de las Naciones Unidas (ONU), Matías Ponce, aseveró que la medida afectará "la independencia en su trabajo, sea en las investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”.