El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe de los hechos de violencia ocurridos en 2019.

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En el documento se establecen cerca de 60 recomendaciones con respecto a los procesos investigativos penales y a las reparaciones de daños a las víctimas. Al mismo tiempo, casi 40 recomendaciones finales fueron planteadas.

De acuerdo con el texto, luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 fueron vulnerados un conjunto de derechos humanos entre los que resaltan el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad de las personas.

El reporte reconoce que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta, y que firmó el Decreto Supremo 4078, conocido como el decreto de la muerte, para eximir de responsabilidades a los militares que cometieron crímenes.

Por su parte, los objetivos proponen que “se investigue de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas o procesadas”.

En este sentido, el GIEI propone darle prioridad a la investigación de los casos vinculados a la violencia sexual y a los crímenes por cuestiones de género, con un enfoque diligente y sensible a partir de las condicionantes de las víctimas.

Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán expresó al respecto:

“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”.

En consonancia con ello, durante su recorrido por Bolivia, en el que intercambió con familiares de las víctimas, corroboró que los 37 asesinatos registrados en el informe coinciden con los testimonios.