Una vez que la Cámara de Diputados del Congreso colombiano rechazó las objeciones presentadas por parte del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), corresponde al Senado pronunciarse, algo que se prevé ocurra pasada la Semana Santa.

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Si en la cámara alta también ocurre lo mismo que en la cámara baja, donde las objeciones hechas por Duque fueron rechazadas ayer lunes por 110 votos contra 44, el presidente se vería obligado a sancionar el proyecto de ley y promulgarlo, dijo el ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo.

En caso que el Senado apruebe las objeciones, el proyecto de ley, todo, se archiva. La ley estatutaria que organiza la JEP se cae, agregó el exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, en una reciente entrevista a la DW.

"Aunque la JEP seguirá funcionando (...) todo el proceso para definir su operación tendría que volver a empezar de cero", externó el especialista.

El mandatario objeto seis de 159 artículos de la ley que normará la JEP, en especial pidió precisiones respecto a la reparación de las víctimas, la suspensión de procesos en la justicia ordinaria contra quienes se han acogido a la JEP y la renuncia a la persecución penal de quienes no son máximos responsables pero cometieron delitos de lesa humanidad.

Asimismo, solicitó aclarar las referencias a las pruebas que pueda pedir la JEP en procesos de extradición, entre otros.

Las objeciones de Duque fueron señaladas como un mecanismo político para postergar la aplicación de la Ley Estatutaria y por ende, colocarle trabas a la paz conseguida tras los acuerdos firmados entre el poder Ejecutivo y las antiguas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (2016).