El Supremo Tribunal Federal (STF) retomó este miércoles el juicio para restringir el llamada fuero privilegiado, una prerrogativa que permite a las autoridades brasileñas ser juzgadas por instancias superiores. Es decir, que en caso de presentarse una denuncia, es el Supremo Tribunal Federal el que debe procesarla.

El presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, ministros, entre otras autoridades, gozan actualmente de este beneficio. El TSF discute este miércoles limitar la prerrogativa particularmente de los diputados federales y senadores.

El juicio comenzó en mayo con el voto del magistrado Luís Roberto Barroso, a favor de mantener el fuero solo por crímenes ocurridos durante el mandato y en razón de funciones relacionadas al cargo que el acusado ocupa. 

Hasta el momento ocho ministros de once pronunciaron su voto, seis de ellos a favor de la postura de Barroso. Por su parte, el juez

Por otro lado, la Cámara del Senado aprobó en mayo de 2017 un proyecto para restringir este fuero al presidente de la República, de la Cámara de Diputados, Senadores y el STF; y dejar sin este derecho a senadores y ministros, entre otros. El proyecto aún debe ser discutido en la Cámara de Diputados.

Restrição a foro por prerrogativa de função de parlamentares federais está na pauta do Plenário hoje à tarde: https://t.co/DbCnU09rTT

— STF (@STF_oficial) 2 de mayo de 2018

¿A quién beneficia el fuero privilegiado?

El hecho de que las denuncias de crímenes deban ser tratados en una instancia superior presenta ciertos beneficios para los investigados, ya que vuelve más lento el proceso de justicia. Debido a que la aplicación depende del cargo que el acusado ocupa, y no el que tenía cuando cometió el delito, si la persona cambia de puesto, el caso debe ser trasladado a otra corte.

Tal es el ejemplo del caso que motivó la acción penal que discute el STF este miércoles. Se trata deAlexandre de Moraes, acusado de ofrecer comida y dinero a los votantes para ser electo alcalde de Cabo Frío en 2012. Moraes cambió más de una vez su cargo y es así como su proceso legal se extendió durante seis años.

iscal general de Brasil, Raquel Dodge, indicó que 101 personas amparadas por el fuero responden a acciones penales por dicha causa ante el STF.

Según un listado difundido por medios locales al menos unos 53 políticos investigados por el caso Lava Jato podrían perder el fuero si no son reelectos en 2018, incluyendo al presidente no electo Michel Temer, tres gobernadores, 12 senadores y 37 diputados federales.

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A su vez, la Corte Suprema abrió el año pasado investigaciones contra 8 ministros del gabinete de Temer, 29 senadores y 42 diputados federales por el caso Odebrecht, todos ellos amparados por el fuero.

Entre ellos se encontraban: el ministro jefe de Gabinete, Eliseu Padilha; el por entonces secretario de Presidencia, Wellington Moreira; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; el ministro de Integración Nacional Helder Barbalho; el ministro de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes;  el ministro de agricultura Blairo Magg; el ministro de ciudades Bruno Araú y Marcos Pereira, ministro de Industria.

Este último presentó una renuncia su cargo en enero de 2018.

Uno de los ministros acusados fue Wellington Moreira Franco, quien por entonces se encontraba al frente de la Secretaría de la Presidencia. Franco, un hombre a favor de la privatización de Electrobras,  fue designado el pasado abril como ministro de Minas y Energía.

Los medios locales denunciaron entonces que la designación estuvo relacionada para mantener el fuero privilegiado del ministro involucrado en casos de corrupción.

¿Qué ocurre si se aprueba la restricción?

Cabe aclarar que de aprobarse la restricción, el actual presidente continuaría protegido bajo la prerrogativa, por lo tanto solo lo perdería si no es reelecto ni designado para algún cargo amparado por el fuero.

A su vez, es posible que la restricción que intenta aprobar este miércoles el STF solo aplique a nuevos casos y no a los que están actualmente en marcha.

Una encuesta presentada este miércoles por el Instituto brasileño de Opinión Publica reveló que el 78 por ciento de los brasileños están a favor de eliminar el fuero privilegiado.

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