El Fiscalía boliviana presentó este lunes la acusación formal en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, varios de sus excolaboradores, además, de exjefes militares y policiales, por las masacres de Sacaba y Senkata durante el golpe de Estado de 2019.

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la acusación, en ambos casos, es por el delito de genocidio y que se está pidiendo una pena máxima de 30 años de cárcel.

Lanchipa explicó que "Jeanine Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, en el instante mismo en el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de Sacaba".

De acuerdo al fiscal general, estos hechos se encuentran "debidamente acreditados con los elementos de prueba que se colectaron en el proceso investigativo y que ahora forman parte de las pruebas".

Según Lanchipa, se recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha.

Áñez es acusada por las matazas de Sacaba y Senkata: el 15 de noviembre de 2019, un grupo de marchistas proveniente del Trópico de Cochabamba fue impedido en su paso en el puente Huayllani, de Sacaba, donde, según confirmó Lanchipa, "fue reprimido violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas".

De acuerdo al fiscal, en el hecho perdieron la vida 10 personas por impactos de proyectiles de armas de fuego y "múltiples personas" resultaron heridas en las mismas condiciones.

Para la acusación de la expresidenta de facto, que encabezó el Gobierno tras el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, también se recopiló "una cantidad considerable de las pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, etcétera, que suman 350 (y que serán presentadas) en el juicio oral (junto a) 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos, 18 dictámines periciales, entre otros elementos".

Los 18 acusados lo son "por la comisión del delito de genocidio, previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal para quienes, en virtud a la grave vulneración de derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y la integridad personal, a la conclusión de juicio oral se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad”.