El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice Capítulo Valle) entregó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el informe "Falsa proclama: El grito fulminante del Estado. Ejecuciones extrajudiciales en el Valle del Cauca (1994-2014)", que recoge 55 casos que involucran a 163 víctimas de este delito.

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Según la organización, el informe surgió de la necesidad de que se conozca el impacto que tienen las ejecuciones extrajudiciales para las vidas de los familiares, quienes luchan porque se haga justicia, se reconozca la verdad de lo que ha ocurrido en su departamento y se comprenda el valor que tiene la vida para las comunidades que han sido históricamente violentadas por el Estado.

El reporte identificó que, para la comisión de las ejecuciones extrajudiciales en el Valle del Cauca, se utilizaron cinco modus operandi, estando entre estos el asesinatos selectivos a través del perfilamiento brindado por informantes y el asesinatos con modalidad de engaño, a través de reclutadores o instigadores.

Otros modos de operar fueron, de acuerdo al documento, la transacción de cuerpos asesinados con organizaciones paramilitares o narcotraficantes, en el marco de las alianzas entre el ejército y diversos grupos armados ilegales; el asesinato por captación de personas en retenes militares, operaciones de registro y control en las carreteras; y asesinatos por abuso de poder o uso desproporcionado de la fuerza presentados como errores militares.

Entre los hallazgos más relevantes se evidencia un patrón de criminalidad a partir del cual se cometen los asesinatos de manera planificada y premeditada, ejecutados por miembros de batallones militares adscritos a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que tiene jurisdicción en el departamento del Valle del Cauca y 7 municipios del departamento del Cauca.

El plan criminal presuntamente elaborado por la Fuerza Pública se desglosa en el informe mediante diferentes etapas: el perfilamiento de las víctimas, etapa de legalización, etapa de desarrollo, etapa de encubrimiento y etapa de consolidación de la impunidad que conlleva a la práctica de ejecuciones extrajudiciales como único propósito.

Destaca el informe que para la  materialización del crimen, se sometió a las víctimas a otras violaciones de derechos humanos tales como la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada.

El trabajo asegura que para los familiares de las víctimas es de vital importancia que las instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz reconozcan a sus víctimas, se unan a su lucha contra la impunidad y caminen con ellas en la construcción de una verdad que les permita dignificar los nombres de sus seres queridos y garantizar que esta práctica nunca vuelva a repetirse en su región y en el resto del país.