En la cárcel de mujeres de Miraflores, ubicada en la ciudad de La Paz, se instaló este viernes la audiencia para tomar declaraciones a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien se negó a responder las dudas del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción que lleva a cabo el juicio por el golpe de Estado de 2019.

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Inicialmente, la exlegisladora indicó que estaba dispuesta a declarar. Sin embargo, luego de su disposición, se declaró indefensa cuando el tribunal le solicitó que respondiera preguntas para absolver dudas sobre su declaración y decidió acogerse a su derecho de silencio.

Tanto ella como su defensa apuntaron que la gobernadora de la cárcel es la policía que la alojó en su casa un día antes de autoproclamarse presidenta.

“El tribunal le ha explicado (a la señora Áñez) que debe absolver algunas dudas o preguntas respecto a lo que la misma ha vertido en esta audiencia; a este hecho, ha manifestado de forma clara que no iba a prestar (su declaración) acogiéndose a normas constitucionales; en ese entendido, la presidencia le ha consultado nuevamente si se va a acoger a guardar el derecho de silencio, a lo cual han escuchado que sí se va a acoger a su derecho”, detalló el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Germán Ramos.

Nuevamente, reiteró que como exsenadora y expresidenta de facto tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades y no a un juicio ordinario como el que transcurre. Por lo tanto, Áñez desconoció el proceso y a los jueces.

Asimismo, Áñez modificó parcialmente su declaración ante el fiscal, ofrecida el 7 de julio de 2021, donde dijo que policías y militares le dieron trato de jefa de Estado, cuando el 11 de noviembre de 2019 llegó a La Paz, luego de asumir el cargo que un día antes le ofrecieron un grupo de obispos católicos y políticos de derecha.

La mujer policía que alojó en su casa a Jeanine Añez, la noche previa a su autoproclamación como Presidenta, en la culminación del golpe de Estado de nov2019, es la Gobernadora del Penal donde Añez está detenida desde hace un año: Luis Guillén, abogado de Añez. @teleSURtv pic.twitter.com/8mCbbJ5E9L

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) April 8, 2022

“Tenían guardaespaldas, tenían guardias. Nada más falso. Cuando bajamos al colegio militar, sí nos recibió el director, que no recuerdo quién es, que no sé quién es y simplemente nos quedamos en una oficina solo esperando a que llegue mi familia. Dijeron que desde allí ya teníamos acompañamiento policial. Falso”, dijo.

También increpó por qué renunciaron y no asumieron el poder por sucesión constitucional las autoridades legislativas del Movimiento al Socialismo (MAS). “¿Por qué no asumió Adriana Salvatierra? ¿Por qué no asumió Víctor Borda, por ejemplo? Eso deberían preguntarse”, comentó y dijo que no tuvieron el valor de hacerlo y los llamó cobardes.

De acuerdo con reportes de prensa de Bolivia de los días 11 y 12 de noviembre de 2019, la Policía y los grupos paramilitares impedían a los parlamentarios del MAS, partido del expresidente Evo Morales, que llegaran a la sede de la Asamblea en la plaza Murillo. Por ley, esos serán los únicos que podían participar de una sucesión.

A esto se suma que uno de los líderes del golpe de Estado, Jorge Quiroga, anunció que no aceptaría una sucesión constitucional que incluyera a autoridades del MAS, un día antes de la renuncia forzada de Morales.

La audiencia de juicio oral tomó un receso hasta las 13H00, hora local (17H00 GMT), cuando las autoridades jurisdiccionales se trasladaron hasta el Penal de San Pedro para la toma de declaraciones de otros acusados en prisión preventiva.

Áñez recibió atención médica de los galenos del centro de detención, quienes afirmaron que se encontraba en las condiciones para continuar con el juicio; sin embargo, la acusada decidió guardar silencio.

Los acusadores cuestionaron la decisión, sin embargo, el tribunal destacó que no podían obligarla a declarar, por lo que fue declarado un receso.

Áñez responde actualmente en juicio ordinario por violar en 15 ocasiones la Constitución para autoproclamarse presidenta de la nación suramericana el 12 de noviembre de 2019. Otros siete excomandantes militares y uno de la Policía responden igualmente por este proceso ante la ley. Dos de ellos aceptaron en juicio abreviado su culpa y fueron sentenciados a tres años de cárcel.