Organizaciones sociales, de derechos humanos y personalidades solicitaron a conmutar la prisión preventiva por una cautelar menos gravosa a 2.500 los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del estallido social en Chile.

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En carta dirigida a los ministros del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, a los presidentes de la Corte Suprema, del Senado y la Cámara de Diputados, y al Fiscal Nacional, expresaron su preocupación con respecto a la situación que afecta los internos del sistema penitenciario chileno.

Los firmantes expresaron que "las prisiones se verían descongestionadas si estos 2.500 jóvenes imputados pasaran a arresto domiciliario, medida consecuente con su derecho a la presunción de inocencia. Puesto que, en muchos de los casos, no se han esgrimido pruebas contundentes que justifiquen as acusaciones".

Solicitaron que el Gobierno de Sebastián Piñera se retire como querellante de todas las causas alusivas al estallido social y que no se apliquen leyes especiales fuera del derecho penal para facilitar el cambio de medida cautelar.

Asimismo que presenten en el Parlamento una ley que permita conmutar la prisión preventiva por una cautelar menos gravosa para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del estallido social, lo que contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios.