La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de España denunció que en plena pandemia de la Covid-19 y su doble crisis sanitaria y económica, no solo no se han detenido los desahucios en el país europeo, sino que estos han escalado, en las últimas semanas hasta 70 diarios.

LEA TAMBIÉN: 

España no halla solución a crisis migratoria en Islas Canaria

La PAH recordó que, aunque según el Gobierno español (encabezado por el PSOE), los desahucios están suspendidos hasta el 31 de enero y Podemos (parte de la coalición gubernamental) presiona para que el Ejecutivo apruebe una nueva moratoria que congelaría la mayoría de los lanzamientos; las ejecuciones se siguen produciendo "como consecuencia de la crisis económica provocada por las medidas aprobadas para intentar frenar la expansión del coronavirus".

De acuerdo a la PAH, el decreto gubernamental actual (del mes de marzo del corriente) recoge la suspensión de los desahucios para familias vulnerables; sin embargo, para que las familias puedan acogerse a ese supuesto deben ser consideradas vulnerables en términos económicos "a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19".

Lo anterior, lleva a la PAH a denunciar que "en España los desahucios no están prohibidos (sino) que el Gobierno dejó de permitirlos el pasado mes de marzo para las familias vulnerables", aunque solo "a consecuencia de la emergencia sanitaria" y ello se evidencia en los datos públicos de los juzgados. 
 
Los datos que da el Consejo General del Poder Judicial solo llegan hasta junio, los cuales muestran que en el segundo trimestre (abril, mayo y junio) hubo 1.383 ejecuciones en  España, lo que da una media de 21 diarios.

Sin embargo, la estimación de la PAH tiene en cuenta el cierre de juzgados y, como estos reabrieron el 4 de junio, en el segundo trimestre solo hubo 18 días hábiles, lo que da una media de 77 desahucios diarios.

La PAH denunció que "1.383 desahucios, en tan poco espacio de tiempo y en la situación de pandemia que sufrimos, sigue siendo una cifra escandalosa", y reafirma la necesidad de un decreto que sea una moratoria real para todo tipo de desahucios.

Adviertieron que "de no ser así, la sangría social que sufriremos a corto plazo con la reactivación de los 250 desahucios diarios anterior al estado de alarma, sumados a los que se provocaran a causa de la actual crisis, será insostenible y pondrá más vidas en juego que nunca". 

El lunes último, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos apuntó que está abierto “a contemplar medidas para las familias en vulnerabilidad previa al estado de alarma”, después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llevara al Registro del Congreso, junto a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, una enmienda a los Presupuestos sobre la prohibición de todos los desahucios en España hasta el 31 de diciembre de 2022.