Empresas responderían por despojo de tierras ante la JEP en Colombia
Una investigación de la Fundación Forjando Futuros, demuestra cómo empresas colombianas y extranjeras se apropiaron de varios predios usurpados anteriormente por grupos armados a campesinos y comunidades indígenas.
La fundación colombiana Forjando Futuros entregó este martes un informe ante la Justicia Especial de Paz (JEP) donde compromete a empresas nacionales y extranjeras en el despojo de tierras en el marco del conflicto social y armado en Colombia.
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El director de la fundación, Gerardo Vega, entregó el documento investigativo a la JEP e instó al tribunal de paz a que actúe contra empresas como Ecopetrol, Cementos Argos, Bancolombia y la transnacional AngloGold Ashanti, para que sus representantes comparezcan ante la justicia especial.
El informe de Forjando Futuros reseña que desde la firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra en 2011, se han emitido 46 sentencias involucrando a 33 reconocidas empresas que por órdenes judiciales debieron devolver tierras a familias campesinas que en su momento fueron desplazadas por la acción de grupos armados.
Campesinos de Urabá contaron a @JEP_Colombia cómo fueron desplazados y despojados de sus tierras. Esta audiencia amplió el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego” de @Justiciaypazcol @forjandofuturos @CorpoJuridicaLi @ipcoficial https://t.co/UyopW2e1qL
— Agencia de Prensa IPC (@ipcoficial) August 10, 2019
Cementos Argos tras cinco sentencias judiciales se vio obligada a entregar más de 1.000 hectáreas en los municipios de Carmen de Bolívar, San Onofre y Montes de María, ubicados en el departamento de Bolívar.
Otro caso resonante es el de la minera sudafricana AngloGold Ashanti, que se apropió de varios títulos mineros en el departamento del Chocó, dentro de la comunidad indígena de Alto Andágueda. Por sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras, la empresa debió devolver 50.000 hectáreas y sus permisos de explotación fueron suspendidos.
La investigación aclara que 33 empresas deben esclarecer la obtención de predios, previamente usurpados por grupos ilegales, paramilitares y miembros del Estado a la población indígena y campesina en nueve departamentos de Colombia.