A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 9 de noviembre, organizaciones en El Salvador instarán al Estado a reconocer públicamente la existencia de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción.

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Esto lo realizarán en una audiencia pública, en el marco del 188° periodo de sesiones de la CIDH, en la que analizarán la situación desde que se impuso la medida en marzo de 2022.

Se denomina desaparición forzada cuando la policía o las fuerzas armadas detienen a una persona y niegan esta acción, e incluso llegan a torturarla o asesinarla.

En ese sentido, abordarán este fenómeno cometido por agentes estatales, ya sean policías, militares y custodios penitenciarios; así como los problemas en la búsqueda y en la investigación penal de las desapariciones perpetradas por pandillas y crimen organizado.

Asimismo, las organizaciones manifiestan recomendar al Estado crear una Política Nacional contra las Desapariciones, en la que incluyan la creación de un de un registro nacional de personas desaparecidas y un banco de ADN, una posible Ley General sobre Desapariciones y la creación de una Comisión de Búsqueda.

Solamente hasta junio de este año 2023, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) reveló que entre 2019 y junio de 2022 hubo 6,443 denuncias de desapariciones, de las cuales 2,397 siguen activas.