La comunidad Santa Marta, en el norte de El Salvador, a través de su organización local, Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) reiteraron este martes su llamado a las autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias, a que acaten el llamado realizado por Naciones Unidas (ONU), de liberar a los defensores del medio ambiente encarcelados hace seis meses.

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El pasado 11 de enero, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de ADES, fueron detenidos ilegalmente, de acuerdo a sucesivas denuncias desde entonces.

Según la versión de la Fiscalía entonces, las capturas se enmarcan en un supuesto hecho ocurrido durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, ADES y otras organizaciones de Derechos Humanos, tanto en EL Salvador como en la región, denuncian que la Fiscalía General y el sistema judicial los están procesando sin que hasta la fecha se haya comprobado los hechos que alegan en sus argumentaciones de imputación, entre ellos que ni siquiera existe el cadáver de la supuesta víctima.

Un comunicado de ADES, hecho público este martes, denuncia que "bajo una acusación falsa que intenta esconder el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento: su activismo ambiental y su lucha contra la reactivación de la minería metálica en El Salvador".

En el mismo enfatizan que "según los estándares internacionales de derechos humanos y resoluciones de la Sala de lo Constitucional salvadoreña, la prisión preventiva es una medida extrema que se implementa sólo en casos donde es necesaria; y este no es el caso de los líderes comunitarios".

Denuncia, por otra parte, la falta de imparcialidad e independencia judicial se han evidenciado en todos los momentos del proceso, y llama particularmente la atención sobre "la actitud beligerante contra nuestros compañeros, asumida por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, quien se ha negado en dos ocasiones a revisar la detención y considerar medidas sustitutivas".

En definitiva, ADES exige al Estado salvadoreño "acatar el llamando de la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU y liberar a nuestros compañeros".