El proceso penal contra los líderes ambientalistas salvadoreños que rechazan la minería metálica se encuentra entrampado en un “limbo jurídico” debido a la falta de resolución sobre la apelación presentada por los abogados defensores hace más de un mes, según denuncian organizaciones cercanas al caso, denuncian desde la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).

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La Cámara Penal de Cojutepeque, en el centro del país, tenía un plazo de dos semanas para resolver la apelación presentada el 14 de febrero; sin embargo, la petición de recusación contra uno de sus magistrados, por parte de la Fiscalía, ha retrasado la resolución.

Voceros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y de la Comunidad Santa Marta han calificado como “maniobras sucias” las acciones de la Fiscalía que han entrampado el proceso y que mantienen en prisión a los líderes comunitarios, quienes fueron detenidos tras alertar sobre señales de la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.

Con la apelación presentada y que no ha sido resuelta por la Cámara, la defensa legal de los luchadores sociales buscaba revertir la prisión preventiva.

Mientras tanto, aumentan las críticas contra el proceso penal, considerado por las organizaciones sociales como un persecución política orientada a debilitar la resistencia comunitaria contra proyectos mineros.  Esta semana, Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, organización histórica que promueve la memoria histórica y los derechos humanos, señaló la falta de pruebas contra los detenidos y dijo que la Fiscalía utiliza un “testigo de chambre” para incriminarlos en un delito cometido hace 34 años durante la guerra civil salvadoreña.

Entre los detenidos está Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES, una organización clave en la lucha contra el extractivismo minero en El Salvador cuyo logro más importante fue la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017.

Su detención y encarcelamiento ha sido criticado por diversas organizaciones dentro y fuera del territorio salvadoreño, y ha puesto en el debate público las intenciones del gobierno de Nayib Bukele de revertir la prohibición de la minería de metales. Esto ha llevado a la Iglesia Católica, la UCA y diversas organizaciones comunitarias a exigir que se respete la ley prohibitiva, la cual fue resultado de un amplio consenso nacional anti minero.