Partido de Arauz demanda a fiscal y contralor de Ecuador
La demanda interpuesta por la coalición ganadora acusa a ambas instancias de "intromisión en temas electorales".
La Unión por la Esperanza (UNES), fuerza política ganadora en primera vuelta de los comicios de Ecuador, anunció este domingo la interposición de una demanda a la fiscal general Diana Salazar y al contralor Pablo Celi por "intromisión en temas electorales".
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El recurso legal fue presentado en dos documentos separados ante el Tribunal Contencioso Electoral, por el procurador común de UNES Santiago Díaz y el abogado Carlos Alvear, quienes acudieron a la instancia.
De acuerdo con la coalición progresista, ambas autoridades violan el Código de la Democracia (Ley Electoral) al disponer acciones con el propósito de suspender la segunda ronda de las elecciones fijada para el 11 de abril.
En la repesca contendrán por la presidencia Andrés Arauz, de ese movimiento, y el candidato de la alianza de centroderecha CREO-Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso.
La demanda de la UNES contra la fiscal general se basa en la disposición de la funcionaria de realizar una pericia forense al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE), para generar un reporte sobre actas con supuestas inconsistencias en la provincia de Guayas y preservar esa información.
Al mismo tiempo, el recurso contra Celi responde a su solicitud al CNE de aprobar una resolución para una auditoría informática, previo a la celebración de la segunda vuelta de elecciones en abril próximo.
De acuerdo a Díaz: "muchas pericias terminan con el retiro de los equipos y esto paralizaría el proceso", afirmó y añadió que existen mecanismos de control para eso, pero es necesario esperar y hacerlos después de los sufragios.
La fecha de segunda vuelta del 11 de abril no se debe mover y exigimos que todas las funciones del estado se pronuncien públicamente en cumplir el calendario electoral.#GolpeALaDemocracia
— Andrés Arauz (@ecuarauz) February 21, 2021
De igual manera, manifestó preocupación por la revisión y alertó que el perito a cargo es capitán de policía y no está calificado para esa tarea: "la Constitución es muy clara y prohíbe la intromisión de funcionario público durante el proceso electoral y eso debería generar una sanción y la destitución", advirtió.
Entretanto, el abogado de UNES, Carlos Alvear recalcó que de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia, lo correspondiente es la separación de los puestos de quienes interfieran, y la aplicación de multas.
La falta de publicación del informe preliminar, tristemente ha sido un motivo para que no haya esta observación de un tercero, que comunique diáfanamente al mundo de que no ha observado ninguna anomalía, ni ninguna irregularidad en la parte informática. #GolpeALaDemocracia
— Andrés Arauz (@ecuarauz) February 21, 2021
Abdrés Arauz dijo, por su parte, que "la fecha de segunda vuelta del 11 de abril no se debe mover y exigimos que todas las funciones del estado se pronuncien públicamente en cumplir el calendario electoral".