La Corte Constitucional de Ecuador decidió el martes suspender provisionalmente el decreto para realizar consultas ambientales en zonas de interés minero, tras admitir la demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el proceso consultivo.

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Desde la Conaie celebraron la decisión de la Corte Constitucional y aseguraron que ese es un paso para frenar la penetración de las empresas mineras en territorios de los pueblos originarios.

La Conaie presentó un pedido de medidas cautelares el pasado 13 de junio contra el Decreto 754, emitido en mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lasso. 

Esa normativa regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades en la zona de influencia del proyecto.

La suspensión temporal implica para empresas, como las mineras, retrasar construcciones y proyectos hasta que se resuelva el vacío legal.

La Corte Constitucional consideró verosímil, inminente y potencialmente dañina la aplicación de las consultas, establecidas en el decreto impugnado. 

En su decisión subrayó la gravedad del daño que podría provocar realizar procesos de consulta con base en una norma que, según la Conaie, “no habría sido consultada, que el Gobierno buscaría imponer a la fuerza y que no observa los estándares constitucionales e instrumentos internacionales”. 

Para el movimiento indígena, el decreto impugnado vulneraba los derechos de las comunidades a la consulta previa, a la participación en las decisiones, a la adecuación normativa, a la justicia y al Estado de Derecho.

La consulta ambiental del Gobierno, había generado resistencia en zonas indígenas como las andinas de Las Naves y Sigchos, en las que el Gobierno pretende hacer concesiones mineras.