Corte de Ecuador analizará la legalización de la eutanasia
En su pedido, la ecuatoriana Paola Roldán plantea la eutanasia como una forma de ejercer su acceso a una muerte digna.
La Corte Constitucional de Ecuador (CCE) fijó para el 20 de noviembre la audiencia para tratar la posible legalización de la eutanasia en el país en respuesta al pedido de la ecuatoriana Paola Roldán, que padece la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
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Esta será la primera vez que el alto tribunal estudia un recurso para legalizar la eutanasia como un medio para que personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna.
La CCE reconoció la importancia del caso, por lo que se espera que en la audiencia se planteen los argumentos necesarios para dar paso a la practica legal de la eutanasia para quienes padecen enfermedades terminales.
�� #ATENCIÓN | La @CorteConstEcu fija para el próximo 20 de noviembre la audiencia para tratar la legalización de la #eutanasia en Ecuador. pic.twitter.com/or7CLk8OyH
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La demanda interpuesta por Paola Roldán contra apela al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual contradice principios constitucionales. Entre ellos, autonomía personal, dignidad humana y derecho a una muerte digna.
En su pedido la ecuatoriana de 42 años plantea la eutanasia como una forma de ejercer su acceso a una muerte digna y poner fin a su padecimiento.
La audiencia del 20 de noviembre estará presidida por el juez constitucional Enrique Herrería, quien deberá constatar que todas las partes estén presentes.
#AudienciaPúblicaCC | El juez sustanciador Enrique Herrería Bonnet convoca a las partes procesales a la Audiencia Pública telemática del Caso Nro. 67-23-IN.
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Tras la audiencia, la CCE se tomará de entre dos y tres semanas para tomar su decisión sobre la eutanasia.
En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. Los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.