Una comisión mediadora entre el Gobierno ecuatoriano, el sector indígena y las organizaciones sociales quedará conformada por representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal del país, con el objetivo interceder para finalizar el paro nacional.

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En un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo ecuatoriano expresó este marte que concuerda con la preocupación del Sistema de ONU sobre la escalada de violencia durante las protestas contra las reformas económicas aplicadas y su disposición a recibir el acompañamiento para favorecer el retorno al entendimiento. 

Esta es la respuesta de las autoridades al llamado de la ONU para "mantener la calma y buscar consensos a través de un diálogo inclusivo y efectivo, que permita continuar construyendo una cultura de paz en Ecuador".

Según el texto, no descartan considerar "medidas que suplan el incremento del precio de pasajes en áreas rurales, líneas de crédito para pequeños agricultores, cooperativas de transporte de las comunidades y políticas de reactivación agraria".

Por otra parte, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas urgió a la Administración de Lenín Moreno evitar el uso excesivo de la fuerza, respetar derechos humanos, y buscar solución al conflicto a través del diálogo intercultural, teniendo en cuenta el derecho a la manifestación pacífica. 

Miles de representantes indígenas, campesinos y organizaciones sociales del país arriban a Quito (capital) para unirse a las manifestaciones contra Moreno, quien desde el lunes trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil, como parte de sus atribuciones en Estado de Excepción.

La medida fue decretada el pasado jueves por el tiempo máximo permitido de 60 días, posteriormente rebajados a 30 por la Corte Constitucional de Ecuador, sumada a la suspensión en todo el territorio nacional el derecho a la libertad de asociación y reunión, así como limitar la libertad de tránsito.