El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido este jueves en la isla italiana de Cerdeña por las fuerzas de seguridad locales, y ante un pedido de captura emitido por Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo de España, informaron medios locales.

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La policía fronteriza italiana detuvo a Puigdemont a su llegada al aeropuerto del Alguer, y procedente de Bruselas, donde está radicado desde 2017, en respuesta a una orden europea de detención del 14 de octubre de 2019, según refirió su abogado Gonzalo Boye.

Puigdemont, eurodiputado y uno de los líderes del movimiento independentista catalán, tenía previsto participar en la reunión internacional Adifolk, y reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña, así como con el Síndic de L'Alguer junto a la consejera catalana de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs.

Este viernes será puesto a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sassari, la cual decidirá su puesta en libertad o su extradición a España. La orden de aprehensión de Puigdemont se emitió por la justicia española tras la celebración de un referéndum que fue declarado inconstitucional el 1 de octubre de 2017, y una posterior declaración de independencia, aprobada por el Parlamento catalán el 27 del mismo mes.

Sucesos que desencadenaron la suspensión temporal del ejecutivo catalán (Generalitat), el procesamiento y posterior condena a entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, recientemente indultados; así como la huida del entonces presidente catalán, Puigdemont, y otros miembros de su Ejecutivo para eludir a la Justicia.

Puigdemont recurrió el pasado mes mayo a la Justicia europea luego de que el Parlamento Europeo le suspendiera su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España, recurso el cual está aún bajo examinación.

Su arresto se produce en medio de un escenario de diálogo entre el Gobierno español y el Ejecutivo regional de Cataluña para tratar de superar las posturas políticas alejadas que ambos mantienen a raíz del proceso secesionista catalán, y en medio de una división interna en el bloque independentista.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, condenó el arresto de Puigdemont; en tanto el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, señaló que el político "debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional". Mientras Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, sostuvo que “nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley".