Los pobladores organizados  de la comunidad Santa Marta, norte de El Salvador, denunciaron que desde el último sábado hay una fuerte presencia militar del Ejército, aproximadamente 80 soldados permanecen en el lugar.

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Desde organizaciones locales de Derechos Humanos, denuncian que la militarización de Santa Marta se debe a la criminalización de sus líderes ambientalistas, quienes se encuentran presos desde hace medio año y se da previo a una caminata ambiental que la comunidad, junto a organizaciones sociales, tiene prevista en la capital departamenal.

Junto a la denuncia, la comunidad Santa Marta reiteró el llamado de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU de liberar a los cinco ambientalistas.

De hecho, hace dos semanas, la Cámara Penal de Cojutepeque ordenó revisar la detención, en una audiencia especial que debe hacer el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.

El 11 de enero de 2023, un operativo desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con la captura de Antonio Pachecho, el defensor ambiental; Saúl Agustín Rivas Ortega, asesor legal de ADES.

Esa misma noche, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez; tres líderes comunitarios que formaron parte de la lucha antiminera en Cabañas.

Según la presidenta de ADES Santa Marta,  Vidalina Morales, la detención de los líderes comunitarios es un proceso “amañado” que busca “callar esas voces que han venido manifestándose contra las injusticias, contra el desarrollo de proyectos extractivistas”.

Leo Rivas, líder de Santa Marta, dice tajantemente que las detenciones “no son una búsqueda de justicia por un caso ocurrido durante la guerra”. Él asegura que lo ocurrido el 11 de enero busca “frenar la resistencia antiminera”.