El gobierno de Bolivia denunció el viernes que las autoridades de facto protagonizaron acciones masivas de torturas entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

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La directora general del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadeshda Guevara, informó que al menos 180 personas fueron víctimas de tortura y vejámenes durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Guevara no descartó que sean más los bolivianos que fueron perseguidos por órdenes de Arturo Murillo o Fernando López, exministros de Jeanine Áñez, debido a la falta de atención que mostraron estos exfuncionarios con las víctimas de persecución o maltrato por parte de ese gobierno.

'Las autoridades golpistas actuaron como las dictaduras militares del Plan Cóndor, que utilizaban el terror para acallar a cualquier movimiento', añadió la directora del Sepret.

De acuerdo a la funcionaria el Ejecutivo de facto practicó detenciones ilegales con todo tipo de imputaciones, bajo el criterio de asumir al ciudadano 'como enemigo que va en contra de las ideas políticas del gobierno del momento'.

Guevara recordó que varios organismos internacionales verificaron la ocurrencia de los hechos de violación de los derechos humanos de los bolivianos durante el régimen de facto.

De acuerdo con la especialista, las víctimas eran acusadas por delitos que hoy carecen de elementos para probar su existencia o su ejecución por sus presuntos autores, sometidos entonces a graves suplicios.

“Las violaciones del 2019 y 2020 tienen que tener una reparación por parte del Estado y este debe dar un mensaje a los próximos gobiernos para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos con el afán de tomar el poder”, indicó la directora del Sepret.