El procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordan Rodas, condenó este martes las amenazas, intimidaciones, agresiones y obstrucciones al libre acceso a la información; así como la libertad de prensa y expresión que padecen los periodistas que siguen el conflicto  en el municipio El Estor, departamento de Izabal.

LEA TAMBIÉN:

Policía guatemalteca allana viviendas en ciudad sitiada El Estor

En un comunicado difundido por PDH se denuncian las restricciones en el ejercicio de su labor de los periodistas que han cubierto los sucesos relacionados con la operación de la mina Fénix, los cuales llevaron al Gobierno a decretar el estado de sitio el pasado domingo ante las protestas de las comunidades indígenas q'eqchi'.

Agrega el documento la apertura de un expediente para patentar las denuncias por intimidación a corresponsales de radio Xyaab’ Tzuultaq’a, la Defensoría Q’eqchi’, el acoso al periodista Carlos Ernesto Choc; y el allanamiento de las viviendas de los corresponsales Juan Bautista Xol y Carlos Choc.

Rodas remarcó que el derecho a la libertad de expresión e información constituyen derechos fundamentales de toda sociedad democrática, e instó al presidente Alejandro Giammattei a emitir instrucciones a su Ejecutivo en aras de garantizar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su función, así como activar su programa de protección.

Por su parte, la coordinadora del Centro Civitas, Evelyn Blankc, sostuvo que esos incidentes “se suman a una serie de delitos cometidos por el Estado en esta intervención en El Estor”, y solicitó a la comunidad internacional acompañamiento en una situación que catalogó de muy difícil.

Mientras, el diputado Aldo Dávila calificó de “incosntitucional” y carente de “respeto por la vida” los acontecimientos en El Estor, al tiempo que cuestionó las acciones del ministro de Gobierno, Gendri Reyes; y de la cartera de Energía y Minas.

Este último por la supuesta violación del proceso de preconsulta ordenado en los convenios internacionales y la resolución de la Corte de Constitucionalidad la cual ordenó el cese de las operaciones de la mina Fénix en 2019.

De hecho, el Ministerio de Energía y Minas acomete dicha preconsulta en la actualidad con pueblos originarios pero tanto líderes comunitarios y la gremial de pescadores de El Estor coinciden que las autoridades gubernamentales favorecen a la Compañía Guatemalteca de Níquel/Pronico y compañías extranjeras que operan en la región.

La víspera, el Congreso guatemalteco ratificó el estado de sitio en El Estor en una sesión única en la cual 85 diputados (se necesitaban 81) votaron a favor de la medida, pese a la crítica al Ejecutivo por el uso de la fuerza para garantizar gobernabilidad en conflictos históricos por parte de partidos opositores como Winaq, Semilla, y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos.