Denuncian detención de tres líderes sociales en El Salvador
Forma parte de una campaña desatada por el presidente Nayib Bukele contra sindicalistas e integrantes del movimiento social en medio del Régimen de Excepción.
Integrantes del movimiento social salvadoreño denunciaron la detención, la madrugada de este miércoles de tres líderes de organizaciones sociales de base en comunidades organizadas en Santa Marta, departamento de Cabañas, al norte de país centroamericano.
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En particular denuncian que la Fiscalía y la Policía ejecutaron la orden administrativa de captura contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega de la Asociacion de Desarrollo Economico Social (ADES Santa Marta).
De acuerdo a un comunicado de la organización, "ante habitantes de la comunidad Santa Marta, la fiscalía dio lectura a la orden de detención y allanamiento, donde se vincula a los compañeros con un caso ocurrido durante el conflicto armado”, el cual la víspera cumplió 43 años de iniciado y que enfrentó al entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la dictadura militar de la época.
No obstante, ADES denuncia como el cargo más preocupante, "la acusación de pertenencia a asociaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual", en referencia al régimen de excepción impuesto en febrero pasado y renovado once veces por el presidente Nayib Bukele.
Bajo el régimen de excepción han sido capturadas 50.000 personas, presuntos pandilleros acusados de "pertenecer a asociaciones ilícitas" y han muerto bajo custodia policial cerca de un centenar, según datos de la Policía y denuncias de organizaciones sociales.
ADES denuncia que "todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES atacando a sus liderazgos".
En ese sentido declaran que les "parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso".
Por ello, denuncian que "hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política".
Asimismo, "Santa Marta y ADES alertan a la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil, sobre el riesgo de que continúe este tipo de capturas en las circunstancias antes descritas".
La comunidad se movilizó desde horas de la madrugada para manifestar su apoyo a los compañeros detenidos.