La gestión del ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, es sometida a críticas este jueves por haber dado luz verde a decisiones que resultan contrarias a políticas de protección ambiental de la nación suramericana.

Indígenas brasileños sufren ataque armados en medio de Covid-19

Salles aprovechó que el foco de atención social se desvió durante varios meses hacia la pandemia del coronavirus para “pasar la manada e ir cambiando el reglamento”, como manifestó en una reunión del Ejecutivo el 22 de abril, de la que se hizo público un video.

Durante ese encuentro invitó a franquear el paso a reformas que expertos califican como “infralegales”, de “simplificación” y “desregulación” de leyes ambientales.

Las medidas que aprobó el ministerio de ambiente brasileño durante la pandemia. El virus como herramienta del mercado sobre la tierra. https://t.co/RfO8aA3oYw

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) June 11, 2020

Varias decisiones corroboran esta intención. Entre marzo y abril pasados se aprobó la regularización de propiedades rurales en territorios indígenas, que permite la invasión y hasta la comercialización de terrenos ocupados.

Se autorizó, entre otras medidas, la disminución de la distancia entre áreas pobladas y aquellas en que se fumiga con agrotóxicos, a sabiendas de que ese procedimiento ha contaminado áreas e individuos.

Qual o erro do major Olivaldi Alves Borges Azevedo para ser DEMITIDO? Ele OUSOU TRABALHAR.

Isso é algo inaceitável para o presidento. https://t.co/bwZxlJbUTh

— ���� Madeleine Lacsko ���� (@madeleinelacsko) April 14, 2020

Tras una acción del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) contra mineros ilegales que campeaban en tierras indígenas, Salles despidió al director de protección ambiental del Ibama, Olivaldi Azevedo, y a otros dos responsables de fiscalizaciones contra actos ilegales.

A inicios de mayo, el Gobierno federal firmó un decreto para reestructurar el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, lo cual redujo de 11 a cinco en el número de servidores públicos que velan por 335 unidades de conservación en todo Brasil.

Gracias a la presión social no fructificaron otras medidas de este tipo, como un proyecto de ley que habría permitido la regularización de tierras públicas ilegalmente ocupadas y habría legitimado el uso de documentos falsos para acreditarse una titularidad.

Tampoco recibió el visto bueno un proyecto para autorizar la deforestación en una extensa zona de selva tropical, muy amenazada, llamada Mata Atlántica.

A finales de mayo, líderes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado brasileño solicitaron que se investigue a Salles por la sugerencia de “pasar el ganado” y “flexibilizar” la legislación ambiental, y se le denunció por el delito de responsabilidad y actuar en interés privado ante la administración pública.