El Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público en Río de Janeiro (GAECO/MPRJ), al sureste de Brasil, informó este lunes que el 20 por ciento de las personas denunciadas por crimen organizado son agentes relacionados con organismos de seguridad.

De las 5.219 personas denunciadas, al menos 1.032 corresponden a funcionarios que están activos o fuera de servicio, según los datos del ente. Las acusaciones van desde vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, homicidios hasta fraudes en licitaciones públicas.

Entre los involucrados hay bomberos, integrantes de centros penitenciarios, agentes policiales y responsables de investigaciones judiciales, detalló el GAECO/MPRJ.

Los casos incluyen a 826 miembros de la policía militar, 158 de la policía judicial, 38 bomberos, 5 de las Fuerzas Armadas, 3 funcionarios penitenciarios y 2 policías federales.

Esto se suma a la preocupación de los brasileños por la militarización de Río de Janeiro, quienes consideran que la acción permitirá las violaciones de derechos humanos en las favelas y el aumento de la violencia.

Pese a que el Gobierno de Michel Temer haya justificado la intervención federal para "combatir la violencia", movimientos sociales aseguran que fue una medida para garantizar respaldo electoral y mejorar su imagen.

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