¿Qué tan pacífica es la sociedad en Costa Rica ?
Este 1 de noviembre, Costa Rica conmemora los 70 años de la abolición del Ejército. Con esta decisión, el Estado determinó todas las diferencias políticas y sociales por la vía del Derecho y no por las armas o violencia. ¿Pero qué tan cierto es esto?
Estamos aquí para mostrar al mundo el impacto que ha tenido la prescripción del ejército, en un contexto de profundas transformaciones sociales y convulsión nacional como la que vivió Costa Rica en la década del 40.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 1 de diciembre de 2018
A pesar de esta iniciativa, Costa Rica ha venido presentado un incremento en los índices de violencia e inseguridad y crisis social que ha puesto en duda la idea de que la nación centroamericana se ha una sociedad tan pacífica como se pensaba.
Actualmente, Costa Rica solo cuenta con la policía llamada Fuerza Pública, que en la actualidad la integran unos 14.000 oficiales.
El país centroamericano tiene 4.9 millones de habitantes, siendo el turismo uno de sus principales entradas de dinero. Se estima que cada año el país recibe un total de 3 millones de visitantes, lo que le significa al país unos 3.000 millones de dólares, equivalentes al 5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Índice de violencia
De acuerdo a datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2017, Costa Rica compartía con México el récord de asesinatos con 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
La cifra de homicidios de ese año es un reflejo del aumento de los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el tráfico de drogas en las zonas urbanas que rodean la capital del país San José.
Hasta agosto de 2018 se reportaron 371 homicidios en el país, situación que alarmó a las autoridades por la alta cifra.
El ministro de Seguridad de Costa Rica, en 2017, había señalado que debía declararse “emergencia nacional” ya que la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes es una epidemia, según los estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS).
De acuerdo al ministro, el Estado no había tomado las medidas necesarias para hacer frente al tráfico de drogas en el país.
Hoy 23 de noviembre las calles de San José, Costa Rica se llenaron en Marcha en contra de las violencias contra las mujeres. Queremos vidas libres de violencia. Irene Salas y Karla Umaña compañeras de Obeti Centroamérica, se unieron. Basta de patriarcado asesino. #NiUnaMenos pic.twitter.com/Lrxx4Kw84Y
— Observatorio Etico (@ObetiEtica) 23 de noviembre de 2018
La alarmante cifra de asesinatos, no solo asociados a las drogas sino también a la violencia de género, ha puesto en la opinión pública la necesidad de restaurar el ejército e impulsa acciones de seguridad.
Analistas han destacado que el Estado ha dejado de lado los planes que abordan la violencia como una manifestación de la marginalidad social producida por el incremento de la desigualdad en los últimos 20 años.
Crisis Social
De acuerdo al informe Estado de la Nación 2018, presentado el pasado noviembre, Costa Rica destina la mayoría de sus recursos para cubrir deudas de la administración pública que a la inversión en educación, salud o vialidad.
Esto indica que esta nación ha asumido una política de recortes en el gasto público, la que se ha reflejado en el aumento de los índices asociados a la pobreza y desigualdad.
#PEN2018 Pobreza extrema se duplicaría sin transferencias estatales a los más necesitados https://t.co/SzLZxIXPse
— Estado de la Nación (@EstadoNacion) 14 de noviembre de 2018
El informe recoge que, de profundizar la agenda de recortes sociales, la población sin capacidad para pagar la canasta básica pasaría del 5.1 al 9.8 por ciento de los habitantes el país. En número de personas, la cifra afectada subiría de 250.000 a 480.000, aproximadamente.
En 2017, se registraron 86.663 hogares en condición de extrema necesidad, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Para el año 2018, la cifra aumentó a 99.034.
Los datos muestran cómo la política de recortes incidirá en la cifra de pobreza en la nación centroamericana.
Ante este panorama, organizaciones y movimientos sociales han denunciado la problemática, y advertido que se está generando un caldo de cultivo para una profunda crisis social que afectaría el sector laboral.
Tanto el aumento de la violencia, la inseguridad y la pobreza hacen ver que la visión de sociedad pacífica de Costa Rica ha venido en caída por la falta de políticas de Estado para atender las problemáticas sociales de las y los costarricenses.
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