Sindicato de Costa Rica apoya fallo sobre Ley de Empleo Público
La Sala IV del Tribunal de Costa Rica catalogó el proyecto de Ley como un "Frankestein político".
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) de Costa Rica respaldó este lunes la decisión de la Sala IV del Tribunal que declaró inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
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A través de un documento, se destaca que dicho voto posee una declaratoria de inconstitucionalidad de más de una treintena de artículos del proyecto Ley Marco de Empleo Público, y que además se trastocó el contenido esencial del mismo, por lo que el ente judicial lo calificó de "Frankestein político".
"El núcleo duro de la desafortunada iniciativa legislativa, concerniente al menoscabo de la independencia del Poder Judicial, las autonomías de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no pasó la prueba de constitucionalidad", agrega el comunicado.
Asimismo, el fallo detalla que el artículo seis del proyecto, el cual regula la gobernanza totalitaria y autocrática del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), no resulta aplicable pues “somete la CCSS a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo”, cuestión denunciada por Undeca ante la Asamblea Legislativa costarricense.
La Undeca destaca en su declaración que “la oligarquía tica, con pretensiones de imponer un Estado de facto, a contrapelo de la Constitución Política, salió sangrada, con heridas severas y profundas”.
“Nos mantendremos enérgicos, oponiéndonos y combatiendo lo que aún queda de este descuartizado proyecto, que, no obstante, todavía sigue estando en la agenda salvaje de la clase política neoliberal” manifestó Undeca, al tiempo que instó a mantenerse firmes en su postura para sepultar ese proyecto contrario al Estado Social y Democrático.
El 17 de junio pasado la iniciativa legal fue sancionada en la Asamblea Legislativa por 32 votos a favor y 15 en contra, pese a rechazo generalizado por diversos sectores de la sociedad costarricense y el repudio de los sindicatos de ese país. Ese fallo condujo a la presentación de una consulta de inconstitucionalidad ante la Sala IV del Tribunal, elevada por 15 diputados.