Agricultores españoles volvieron a realizar las llamadas tractoradas para exigir la eliminación de trabas al sector agrícola, en la cuarta semana de protestas del campo que coincidió con el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE).

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Al ocupar Madrid, los manifestantes se congregaron desde Arganda del Rey hasta la sede del Parlamento Europeo y, en el paseo de la Infanta Isabel llegando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las manifestaciones fueron convocadas entre otras organizaciones agrarias por Asaja, COAG y UPA, que con esta movilización culminan el calendario de más de 40 actos que han salpicado la geografía española en las últimas semanas.

Entre las medidas que exigen los agricultores y ganaderos se encuentran la flexibilización de la Política Agrícola Común al considerar inasumibles su burocracia y sus costes ambientales y menos cargas burocráticas a nivel administrativo.

Asimismo exigen la negociación de las cláusulas espejo en los intercambios comerciales con terceros países y creación de un observatorio sobre las importaciones de productos alimentarios, al tiempo que exigen la paralización de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia, así como más controles a la importación desde Marruecos.

Entre tanto reclaman un cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Modificación y ampliación de dicha norma para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.

También insisten en un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores y adaptado a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos.

Una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector derivado de situaciones como la guerra en Ucrania,  inversiones urgentes en materia de regadíos y ayudas para hacer frente a contratiempos como la sequía.

Insisten, de igual manera en la aplicación de medidas para favorecer la incorporación de jóvenes al campo y aquellas que tienen que ver con la gestión de la crisis por la sanidad animal.