El Congreso de El Salvador aprobó el martes por vigésima ocasión el régimen de excepción que se mantiene desde marzo de 2022 para combatir el impacto de la violencia pandillera y que ha dividido a la sociedad salvadoreña entre seguidores de la guerra contra el crimen y la denuncia del exceso de fuerza policial.

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La medida, caracterizada entre otros rasgos por suspender las garantías constitucionales, logró la aprobación con 67 votos a favor de los 84 diputados del Congreso, de amplia mayoría oficialista y extiende la moratoria por 30 días más, con lo que suma ya 21 meses de vigencia.

Según datos divulgados por el ejecutivo del país centroamericano, en el contexto de medida de excepción se han registrado unas 73.800 detenciones, de las que más de 7.000 personas han sido excarceladas y permanecen en libertad condicional.

El gobierno, liderado por el presidente Nayib Bukele, sostiene que todos los apresados son pandilleros o colaboradores de estos, mientras las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sociales denuncian la ocurrencia de más de 5.000 personas inocentes, “víctimas directas" de exceso de fuerza policial, principalmente durante detenciones arbitrarias.

El texto presentado reza que "Las medidas extraordinarias están en consonancia con la protección que el Estado debe garantizar a toda la población frente a un tipo de criminalidad cuyas características de violencia y peligrosidad se distinguen de la delincuencia común”.

Representantes de la Policía Nacional Civil (PNC) atestiguaron ante el Congreso que entre el 1º  de enero y el 1º  de noviembre de 2023 se han reportado unos 131 homicidios, por lo que se hace necesario recrudecer la “mano dura” contra el crimen organizado de las pandillas que en marzo de 2022 asesinaron a más de 80 personas en tres días.