Condenan a expresidente Funes por trato con pandillas en El Salvador
Fiscalía detalló que Funes recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis por incumplimiento de deberes.
El Tribunal Especializado de Sentencia C de El Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a 14 años de prisión por los delitos cometidos durante su Gobierno, en el contexto de una tregua entre las pandillas .
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Por medio de la red social Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) informó también que “David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión".
Debido a una reforma legal que lo permite, Mauricio Funes fue juzgado en ausencia; pues, actualmente, vive en Nicaragua, convirtiéndose así en el segundo mandatario de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel.
#ÚltimaHora I El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 29, 2023
La @FGR_SV presentó abundantes pruebas que demostraron la culpabilidad de los exfuncionarios. pic.twitter.com/cs9W5rdDGt
La FGR detalló que Funes recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis por incumplimiento de deberes, penas y cargos que fueron similares a las del general retirado Munguía Payés, quien, además, recibió otros cuatro por actos arbitrarios.
El juez basó su fallo en las pruebas testimoniales, periciales y documentales que calificó como útiles, pertinente y lícitas; ya que prueban la comisión de los delitos que se le imputan a los procesados.
Entre el 2012 y el 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18, entre otras, mantuvieron un armisticio con el propósito de reducir las cifras de homicidios, hecho respaldado por el Gobierno de Funes.
A los condenados se les imputa la responsabilidad de reuniones entre pandillas, visitas de mujeres a los centros penales, la entrada de orquestas para fiestas, traslados de pandilleros a otros centros penales o la visita de mediadores a las prisiones sin cumplir el debido protocolo.
Asimismo, el texto de la sentencia argumenta que los directores de las prisiones "no tenían el poder de decisión de realizar esas acciones ilegales". "Todo era del pleno conocimiento del presidente y del ministro".
De acuerdo con el Ministerio Público, la tregua estipulaba, además, inversión pública en las comunidades bajo el control de los grupos irregulares, así como una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por estos.