¿Cómo llega Chile a los comicios generales?
Las elecciones chilenas se celebrarán bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios de la Covid-19.
Los chilenos acudirán el domingo próximo a las urnas para elegir a un nuevo presidente y lo harán en el marco de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y con el desafío de mantener bajo control a la pandemia de la Covid-19.
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Las elecciones, en las cuales se renovará además la totalidad de la Cámara de Diputados, parte de la de Senadores y a los consejeros regionales, ocurren en el marco de la Convención Constitucional surgida por el estallido social de octubre de 2019, que busca que el país abandone los resabios de la dictadura militar de Pinochet.
El ejercicio del derecho al voto ocurre asimismo en momentos que el Congreso realizó un juicio político para saber si destituía o no al presidente Sebastián Piñera por su involucramiento en el escándalo de los Pandora Papers, una investigación periodística que reveló que personalidades a nivel mundial, entre ellas presidentes, habían llevado sus fortunas a paraísos fiscales.
AHORA - Desde Chile, el periodista @marioaguilera4 nos cuenta el paso a paso de estas elecciones presidenciales @teleSURtv pic.twitter.com/sSVfxG9NzQ
— Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) November 15, 2021
Violaciones a los DD.HH.
El Gobierno del presidente Piñeira ha sido objeto de constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), las cuales se acrecentaron durante el estallido social, que dio comienzo en octubre de 2019, mediante el cual la población exigió mayores derechos sociales.
Simplemente en enero de 2020, la Fiscalía Nacional de Chile documentó 5.558 denuncias de víctimas que alegaron haber sufrido violaciones a sus garantías individuales durante la represión de los Carabineros a las protestas de 2019.
En febrero pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la expresidenta chilena Michelle Bachelet, criticó al Gobierno de Piñera tras analizar un informe de la Fiscalía de Chile sobre el elevado número de violaciones graves a los DDHH en el marco de la represión contra el estallido social de 2019.
La titular del ACNUDH denunció una falta de cooperación por parte del Gobierno para luchar contra estos abusos policiales, en los que se contabilizaron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual en los retenes.
Parlamentari@s avalan que el régimen de Sebastián Piñera siga violando los derechos humanos y asesinando impunemente.
— Magally Avila (@MaguitoAS) November 9, 2021
Tras el asesinato del weichafe Jordan Yempi Machacán por parte de militares bajo #EstadoDeExcepción, Cámara de Diputad@s aprueba la prórroga de la medida criminal pic.twitter.com/TA1EcuE0lp
En este contexto, la Comisión nacional de Derechos Humanos promueve poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, y la oportunidad histórica se encuentra en el proceso en curso que culminará con una nueva Constitución, la cual es redactada ahora por la Convención Constitucional.
Esta Convención es el mayor fruto que arrojó el estallido social de 2019 que prevé redactar una nueva Constitución Nacional, para sustituir a la vigente promulgada en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La nueva Carta Magna debe ser sometida a un plebiscito y se prevé que el presidente que resulte electo en este proceso electoral la promulgue para enterrar de esta manera la aún vigente ley fundamental aprobada durante el pinochetismo.
Juicio político a Piñera
La campaña electoral se desarrolló en forma paralela al proceso de destitución de Piñera que dio comienzo en el Congreso por su participación en la millonaria compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, lo cual trascendió a partir de la investigación conocida como Pandora Papers.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 9 de noviembre un juicio político contra el gobernante chileno, decisión que pasó al Senado, donde la mayoría de los senadores oficialistas rechazó la acusación constitucional contra el presidente.