Un grupo de víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado en Colombia entre 1999-2006, y que estaban exiliadas en territorio venezolano, llegó a su país el miércoles para ofrecer sus testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Los desplazados presentaron un informe ante la JEP que exige verdad, justicia y reparación, especialmente conocer quiénes fueron sus victimarios y por qué razón se violentaron los derechos humanos de las personas que habitaban la zona fronteriza en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca.

Algunos de los que hoy residen en Venezuela precisaron que si se ofrecen las garantías para un retorno, podrían volver a su país, pero la situación actual es compleja.

La líder del Foro Internacional de Víctimas, Belén Vergel Mora, manifestó la complejidad del regreso a un lugar para comenzar desde cero. “Venezuela es un país maravilloso. Le doy muchas gracias porque me abrió las puertas a pesar de las dificultades”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, Reconciliación y no Repetición recibió el informe titulado “Desplazamiento forzado más allá de la frontera: aportes de las víctimas a la verdad, la justicia y la paz desde Venezuela”, que recoge el sentir de al menos 38 familias colombianas víctimas del conflicto radicadas en Venezuela.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Especial para la Paz en Bogotá, ciudad capital, Roberto Carlos Vidal, expresó que esta solicitud permite que el Estado y las autoridades judiciales puedan reconocer las “gravísimas violaciones de derechos humanos en el conflicto armado y que como resultado de esas violaciones hubo millones de colombianos que tuvieron que salir del país a buscar refugio en muchos lugares del mundo”.

A su vez, el comisionado de la Verdad en Colombia, Carlos Martin Berestein, calificó de relevante el informe para completar la visión del exilio colombiano, especialmente en Venezuela, y también para “construir la paz y la relación entre los dos países”.

Otro de los reclamos es que se coordine una política pública efectiva para atender a las víctimas en el exterior de manera diferenciada. Entre esas medidas está promover la participación de colombianos en la vida política del país, pues con la ruptura de relaciones diplomáticas, millones de venezolanos quedaron sin derecho al voto y sin poder acceder a cédulas de ciudadanía.