Militares colombianos anunciaron este domingo el inicio de una investigación sobre la denuncia de pobladores de la región del Putumayo respecto a una presunta incursión del ejército ecuatoriano en dicha zona fronteriza.

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El alcalde del municipio San Miguel en Putumayo, Breyer Peña, afirmó que el cuatro de febrero los uniformados de Ecuador cruzaron el Río San Miguel y llegaron a una comunidad indígena en la que supuestamente detuvieron a cuatro personas, entre ella una menor de edad.

Según los testimonios de los vecinos del lugar, la presencia de los militares ecuatorianos se debe a una hipotética relación entre los habitantes de la región y los detenidos con plantaciones de coca y establecimientos para procesar drogas. 

Las máximas autoridades militares colombianas dieron la orden a la Brigada de Selva No.27 de trasladarse al lugar para confirmar la denuncia, de conjunto con las autoridades locales.

La denuncia, señalan medios locales, encuentra respaldo en un video grabado con un teléfono móvil en el que puede apreciarse a los militares ecuatorianos en la citada comunidad indígena y los reclamos de sus habitantes a causa de la presencia castrense.

Por su parte, Ecuador alega que un comando conjunto de su ejército eliminó una plantación y un laboratorio en el sector de la isla La Hormiga, en Lago Agrio, fronterizo con Colombia. 

Las denuncias de incursiones militares entre Ecuador y Colombia son comunes ya que ambas naciones comparten 700 kilómetros de frontera, y en la región está comprobada la presencia de grupos de narcotraficantes, paramilitares y organizaciones rebeldes.

Uno de los casos más conocidos tuvo lugar en marzo de 2008, cuando el presidente colombiano en aquel momento, Álvaro Uribe, ordenó atacar por aire un campamento de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en suelo ecuatoriano.

Esa operación puso fin a la vida del comandante guerrillero Raúl Reyes, así como de una veintena de sus subordinados, y cuatro estudiantes mexicanos. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el acto como una agresión a la soberanía territorial de Ecuador, y una violación de la legalidad internacional.