Una minga por la vida llegó a la capital colombiana, Bogotá, desde el Chocó con el objetivo firme de reunirse con el presidente Iván Duque.

Cientos de chocoanos hacen un nuevo intento por obtener garantías a sus derechos fundamentales, relegados por la corrupción, inseguridad, minería ilegal, narcotráfico, desplazamiento, infraestructura deficiente, presencia de grupos armados ilegales, desempleo y cobertura insuficiente de salud y servicios públicos.

Este departamiento colombiano acumula las cifras más desalentadoras de la nación y que son muestras del estancamiento social que data del último siglo y que se ha quedado solo con las promesas incumplidas de los Gobiernos de turno.

Estas son algunos de las cifras que golpean al pueblo de Chocó:

Violencia generalizada, victimización constante

La seguridad es una de las principales exigencias de los chocoanos. Reclaman el cese del asesinato de líderes sociales, así como protección para las comunidades indígenas víctimas del conflicto interno en el país.

Grupos armados irregulares

Los reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), los enfrentamientos entre grupos armados irregulares como las Autodefensas Gaitanistas generaron, durante el primer semestre de 2018, el éxodo forzado de 1.074 personas y el confinamiento de otras 5.000. En medio de este conflicto, son los pueblos indígenas los más afectados con el 62 por ciento de las víctimas.

Los reportes de los organismos defensores de los derechos humanos señalan que se ha dado también un incremento en los casos de desplazamientos masivos, que involucran a 10 familias o más.

- Líderes sociales: Asesinatos que no cesan

Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, desde el 1 de enero de año 2016 con firma del Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba, hasta el 31 de octubre de 2018, han sido asesinados 191 líderes sociales en el país, de los cuáles 14 residían en el departamento del Chocó.

Los movimientos sociales de esta entidad aseguran que es necesario implementar medidas de seguridad adaptadas a las condiciones locales y un compromiso real de las autoridades colombianas.

Aseguran que los líderes sociales han tenido que recurrir a la justicia para que sean implementadas medidas cautelares de seguridad, pero que la entrega de celulares y chalecos antibalas solo los deja más expuestos.

- Víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar

Desde 2016 y hasta octubre de 2018, de acuerdo con las cifras del Gobierno colombiano, se han presentado 11.629 víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar, y 153 se han registrado en Chocó. De este número, 79 son civiles.

- Cultivo de Coca, desencadenante delictivo

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) durante el 2017 el área sembrada de coca en Colombia tuvo un incremento del 17 por ciento. Específicamente, en los municipios Carmén del Darién y Riosucio de Chocó, el cultivo de coca pasó de 1.803 en 2016 a 2.611 en 2017.

Pobreza extrema, desnutrición y abandono

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) alertó sobre los niveles de pobreza extrema que se registran en Colombia, especialmente concentrada en Chocó y el Caribe con un 50 por ciento de los afectados.  

Un informe elaborado por las Diócesis de Istmina-Tadó, Apartadó y Quibdó; el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, y la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas, recoge las preocupaciones de sectores sociales y de comunidades negras, indígenas y campesinas por la “grave crisis humanitaria, social, económica y ambiental” de esta población.

El documento explica que hay un grave déficit en seguridad alimentaria y desnutrición infantil que se ha cobrado la vida de unos 25 niños en lo que va de 2018. De estos, por lo menos 15 infantes, murieron entre la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre por la falta de atención médica oportuna.

En el Chocó además está una de las tasas más altas de analfabetismo de Colombia, que se ubica cerca del 20 por ciento, mientras que en el resto del país el promedio es de cinco por ciento, de acuerdo con el censo de 2018 del DANE.

Sumado a esto, según el ente, en el trimestre móvil noviembre 2017- enero 2018, también la capital de este departamento, Quibdó, tuvo una de las tasas de desempleo más altas con 15,1 por ciento.

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