El Senado chileno aprobó este miércoles la decimocuarta prórroga al estado de excepción que incluye presencia de personal militar en las provincias del Bío Bío y La Araucanía, después que fuera aprobada por la Cámara de Diputados.

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La medida, que se ha hecho recurrente bajo el Gobierno del presidente Gabriel Boric, se extiende por 15 días y fue avalada en el Senado con 35 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones para la aplicación de la política.

Con anterioridad fue aprobado el también llamado estado de emergencia en la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones, a partir de que en el mes de mayo, el Gobierno de Boric impuso ese estado.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, subrayó que esta discusión "se está dando hoy cuando en pocos días, esperamos lograr el acuerdo transversal por la seguridad”.

Según las declaraciones hechas el pasado 12 de diciembre de la plataforma política Correo de los Trabajadores, y un comunicado firmado por diversas organizaciones, “el Estado de Chile continúa su política de criminalización, en particular de la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco (CAM), afectando de tal manera el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en cuanto a sus formas de organización y sus manifestaciones para la recuperación de las tierras, territorios y recursos que históricamente poseían antes del Despojo y la mal llamada Pacificación de la Araucanía”.

Asimismo, puntualizaron que “el territorio histórico del pueblo Mapuche, Wallmapu en idioma Mapuche, o Macrozona Sur para la administración, se encuentra además militarizado mediante los decretos presidenciales de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde el 12 de octubre del 2021 (Día de la Resistencia Indígena), firmados en su momento por el expresidente Sebastián Piñera y ahora por Gabriel Boric”.

Los firmantes han subrayado que bajo el Estado de Excepción, se ha realizado una ofensiva mediática y policial que afecta gravemente los derechos del pueblo mapuche y “esa ofensiva se ha convertido en discursos racistas que incitan al odio, nuevos montajes judiciales, detenciones arbitrarias especialmente por parte de militares, diferentes formas de tortura, discriminación en las cárceles y la utilización desmedida de la prisión preventiva como condena previa”.