Chile, camino hacia el plebiscito por una nueva Constitución
Detrás de la consulta popular sobre la Carta Magna se encuentra la voz de miles de personas que exigieron, en jornadas de manifestaciones populares, el regreso a la democracia.
El próximo domingo 25 de octubre Chile irá a las urnas en medio de un escenario caracterizado por la pandemia del nuevo coronavirus y las manifestaciones sociales. Y es que el camino hacia el plebiscito constitucional, previsto originalmente para el pasado mes de abril, ha transitado por una serie de postergaciones, protestas, movilizaciones y exigencias.
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Para muchos, la nueva Constitución chilena podría abrir fórmulas democráticas que ajusten las fallas de un modelo que dejó espacios a la desprotección social. Pero, ¿cuál ha sido el camino para llegar a ese plebiscito?
De acuerdo con el alcalde de la comuna chilena de Recoleta, Daniel Jadue el “acuerdo de plebiscito para preguntar por la nueva Constitución y su mecanismo de redacción es el triunfo de miles en las calles”.
Y es que precisamente, detrás de la consulta popular sobre la Carta Magna se encuentra la voz de miles de personas que exigieron, en jornadas de manifestaciones populares, el regreso a la democracia.
El inicio del cambio
El 25 de octubre de 2019, más de 1,2 millones de personas se concentraron en la Plaza Italia, en la capital chilena, en "la marcha más grande de Chile" tras una semana de protestas en el país. El propio presidente del país, Sebastián Piñera, reconocía en ese entonces que "la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza".
La manifestación de aquel viernes exigía precisamente al Gobierno de Piñera acciones concretas para atacar la ingente desigualdad social que aquejan al país. Con frases como "Chile despertó", "Corruptos a la cárcel", "El pueblo unido jamás será vencido" o "Por la dignidad de nuestro pueblo, a la calle sin miedo", los millones de personas se pronunciaban además contra la falta de oportunidades en la nación.
Las anteriores protestas que se habían registrado en todo Chile, se iniciaron debido a la subida de servicios básicos por parte del Gobierno, especialmente del alza del pasaje en el Metro de Santiago. Tan solo una semana bastó para que las protestas escalaran, mientras las autoridades declaraban el estado de emergencia y toque de queda en varias zonas del país.
Por su parte, la policía chilena comenzó a repeler a los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, con gases lacrimógenos, mientras que el mandatario chileno consideraba que el país se encontraba en una " guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.
Sin embargo, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), emitidos en noviembre de 2019, incumplimientos de protocolos del uso de la fuerza por parte de los Carabineros generó decenas de muertos y el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, ocasionó que al menos 460 personas fueran heridas en los ojos.
⭕️Rodrigo Bustos, jefe jurídico INDH en radio @sonarfm: “Por golpiza de carabineros a un joven en #PuenteAlto nos querellamos por tortura porque se dan todos los elementos de tortura según nuestra ley y los tratados internacionales de derechos humanos”
— INDH Chile (@inddhh) February 4, 2020
Tras 41 días de protestas e inestabilidad social, el 28 de noviembre de 2019 el Senado de Chile firmó un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público para “avanzar en el proceso de reunificación social”, a la vez que se instaba al Gobierno a implementar una agenda de cambios estructurales.
El acuerdo suscrito por la mayoría de los senadores chilenos contenía cuatro puntos entre los que se encontraban la implementación de “una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país”; así como avanzar en la agenda de seguridad para “reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.
Antes, la madrugada del 15 de noviembre, luego de dos jornadas de intensas negociaciones, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, anunciaba el acuerdo para enterrar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y convocaba para abril de 2020 el plebiscito para que los ciudadanos decidieran si querían cambiar el documento de 1980.
Luego de estos anuncios, diversas organizaciones sociales y movimientos juveniles de Chile rechazaron al "Acuerdo de Paz y Nueva Constitución" pues aseguraban que dicho acuerdo no respondía a las demandas de la población.
Según el Colegio de Profesores del país, "el pacto es realizado por actores políticos más deslegitimados de toda la sociedad, se atribuyen una representación que no tienen y determinan una salida por arriba a espaldas del pueblo movilizado”.
Mientras, el Partido Comunista, advirtió que este acuerdo significaba una violación a la democracia y posibilitaba a una minoría con poder económico apoderarse del Estado. Además informaron que no fueron “convocados/informados actual acuerdo. Valoramos que voluntad popular sea escuchada: plebiscito opción AC. Quorum 1/3 puede vetar a 2/3 vulnera democracia”.
Un año después, plebiscito y Constitución
En los meses de manifestaciones vividas en Chicle durante 2019, se produjeron graves violaciones de los derechos humanos por parte de los Carabineros. De acuerdo con el director del INDH, se han presentado desde entonces más de 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos, como torturas, abusos sexuales, uso indiscriminado de la fuerza, heridos por armas de fuego, muertos y personas con daño ocular.
A un año del estallido social, el clima en Chile se torna nuevamente de manifestación y respuesta a las víctimas; y es en este complejo escenario que se desarrollará el plebiscito, el cual producto a la crisis sanitaria por la pandemia de la Covi-19 llega seis meses después de lo pactado.
Sin embargo, la ola de violencia por parte de los Carabineros sacude las manifestaciones recientes que buscan visibilizar lo que ha estado ocurriendo en materia de desigualdad social a lo largo de este año en el país, fundamentalmente con el manejo de la Covid-19, que ha dejado cerca de 500.000 casos y más de 13.700 fallecidos.
El plebiscito del domingo 25 de octubre entregará a los votantes dos papeletas, en la primera, elegirán si aprueban o rechazan el cambio constitucional, mientras que en la segunda decidirán qué órgano debería llevar el proceso, si una convención mixta de 172 miembros con una mitad de parlamentarios y ciudadanos electos, o una convención de 155 miembros de elección popular.
En cuanto al Apruebo o Rechazo, los caminos podrían ser diferentes. De triunfar la opción rechazo, la Constitución de 1980 mantendrá su vigencia. En tanto, de ganar la opción del apruebo, independientemente de la Convención que se elija, en un plazo de nueve meses a un año se deberá redactar el nuevo cuerpo legal y aprobarlo por una mayoría de dos tercios.
De acuerdo con la fundadora de la encuestadora chilena Latinobarómetro y MORI Chile, Marta Lagos, muchas de las demandas constitucionales tienen que ver con la rigidez de la actual Constitución, pues “muchos temas como salud, educación o pensiones hoy exigen mayorías calificadas altísimas, casi imposibles de alcanzar, lo que no permite que se vayan modificando de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Deberían quedar en la legislación con mayorías simples”.
Nosotros no llamamos a #MarcaTuVoto. Tu voto debería ir así, sin nada adicional!! ������������ pic.twitter.com/iw9HsxoYAB
— Apruebo Convención Constitucional (@IndignadosChile) February 4, 2020
Mientras, explica Lagos que "la demanda central detrás de la aspiración a una nueva constitución es la dispersión del poder. La gente espera que se gobierne para la mayoría. Existe la percepción de que se gobierna para el interés de algunos pocos”, y añade que será necesaria también una " redistribución del ingreso. El 80 por ciento del país dice que el ingreso está mal distribuido”.
En tanto, el historiador y académico de la Universidad Católica de Chile, Stephan Ruderer, asegura que "es un proceso largo. Cambiar el texto de la Constitución no significa inmediatamente cambios profundos en la sociedad, pero sí tener un marco legal que permita hacer cambios”.