En clave: Crisis social en el Catatumbo, Colombia
La región del Catatumbo al norte del departamento de Santander en Colombia tiene una de las crisis humanitarias y sociales más grandes del país, el abandono del Estado colombiano aunado a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) y ahora el Ejército Nacional, lo que han encrudecido la situación del municipio.
El conflicto armado, el narcotráfico, la inseguridad, los asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, las precarias condiciones de los servicios básicos y el difícil acceso a los alimentos han ocasionado el desplazamiento interno de la menos siete mil personas de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Líderes y representantes de la comunidad del Catatumbo hacen una invitación al Gobierno Nacional para que visite la zona y evidencie la crisis humanitaria que se registra desde hace días debido a los enfrentamientos entre miembros del EPL y el ELN! #CatatumboResiste pic.twitter.com/LtbuOIJBmT
— Luis Fernando Niño (@luisferninolop) 20 de abril de 2018
En los estados limítrofes del Santander se han dispuestos 12 refugios humanitarios para asistir a las 17.000 personas afectadas, entre ellos unos 45.000 niños que aún permanecen en el Catatumbo.
El abandono del Estado colombiano
Según cifras aportados por la OCHA y las administraciones municipales de Catataumbo presentados durante la instalación de la mesa permanente para atender la crisis humanitaria y social en la región el pasado mes de marzo.
Siete de cada 10 habitantes de las zonas del Catatumbo no tiene acceso a servicios básicos, servicios de atención al público. Las instituciones municipales, judiciales y los servicios de trasportes regionales permanecen cerrados lo que impide la movilización y asistencia de los lugareños.
- 44.829 niños y adolescentes son privados del derecho a la educación, al menos 80 escuelas permanecen cerradas por instrucciones de la Gobernación.
- 9.000 personas no tienen acceso a la asistencia médica, los precarios centros de salud prestan servicios parcialmente, además las jornadas de salud y vacunación han sido suspendidas.
- Un total de 1.500 toneladas de alimentos son retenidas, persiste el desabastecimiento lo que ha ocasionado hambruna y pérdidas económicas a los comercios que se encuentran permanentemente cerrados.
- El 63 por ciento de los municipios de Santander están asediados por la violencia producto del conflicto y la ausencia funcionarios de seguridad del Estado.
Situación Social
La comunidad civil, y los integrantes del sindicatos se han organizado y reunido con senadores colombianos y otras organizaciones en la capital del país, respaldado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica para exponer los casos de asesinatos de los líderes sociales y la población civil ante la desatendida situación de orden público, que lleva más de un mes.
El Gobierno no ha podido solucionar la situación, y los grupos armados han tomado ventaja en el territorio, por lo que parte de la sociedad se ha retirado de la región, paralizando la agricultura, el comercio y las actividades regulares.
- 6.632 personas se han desplazados a otros municipios.
- 4.000 indígenas Barí viven en confinamiento (aislados), y con restricciones por el asedio a sus comunidades.
- 2.285 docentes han abandonados las aulas por las restricciones y las pocas garantías de seguridad.
Por su parte el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo apuntó que el hacinamiento de más de 500 personas en el refugio de Hoyo Pelón, y los continuos ataques y asesinatos de líderes sociales en la región es responsabilidad del Estado, por no abordar la creciente situación desde el inicio.
Diferentes organizaciones sociales y la comunidad de los gremios indígenas, campesinos han organizado manifestaciones pacíficas para exigir al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos asistir la situación de emergencia e inseguridad que afecta a miles de civiles, quienes no tiene garantía de derechos y protección en la región.
Asimismo, han extendido la petición a los implicados en conflicto a continuar con su disposición para continuar el proceso de diálogo con el Gobierno por el fin de los enfrentamientos.