Fiscalía peruana defiende caso de esterilizaciones forzadas
De acuerdo al fiscal de la investigación, se trata de violaciones a los DD.HH.y Alberto Fujimori sería el responsable.
La Fiscalía de Perú defendió la denuncia presentada contra el expresidente Alberto Fujimori y exministros de Salud para que se investiguen las esterilizaciones forzadas de 1995 al 2000, y rechazó que el caso haya prescrito como lo afirma la defensa del exmandatario.
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El fiscal a cargo del caso de las esterilizaciones forzadas, Pablo Espinoza, afirmó reiteró que la Justicia peruana debe continuar con la investigación al respecto, pues se trataba, aseguró, de un plan estatal puesto en marcha por Fujimori, las cuales constituyen violaciones a los derechos humanos, al tiempo que pidió justicia para las más de 1.300 víctimas.
De igual manera, Espinoza también ha rechazado otro argumento de la defensa del expresidente, según el cual Fujimori no tendría responsabilidad como "autor mediato" de las esterilizaciones al tiempo que hizo énfasis en que el derecho a la verdad y la justicia debe prevalecer.
#EnVivo | Luego de que se exigiera al Juez Rafael Martín Martínez de que las audiencias por el caso de #EsterilizacionesForzadas contra Fujimori y sus ex ministros de salud, fueran PÚBLICAS, después de 2 horas son transmitidas por Justicia TV.
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��Audiencia: https://t.co/WPIQuFYmeA pic.twitter.com/Mbq35RFxX9
"No nos puede decir que el denunciado Alberto Fujimori no tuvo participación cuando vemos (...) cómo se le informaba", insistió.
"El Estado no puede renunciar al derecho a investigar y no debe impedir que las víctimas de esterilizaciones forzadas sean escuchadas por el juez y que se establezcan responsabilidades", afirmó el fiscal al rechazar el pedido del abogado César Nakazaki para archivar este caso.
Las mujeres del Nuevo Perú nos pronunciamos ante la declaración e intención de la candidata Fujimori de negar el crimen de las #EsterilizacionesForzadas.
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¡Justicia y Reparación integral, ahora! pic.twitter.com/VMuvDXLQaT
La audiencia por el caso de las esterilizaciones forzadas se reanudó el lunes. Junto a Fujimori, se acusa a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300 personas.
La defensa de Yong Motta dice que el caso de #EsterilizacionesForzadas, fue una política con el objetivo de empoderar a la mujer, ya que decidiría libre y voluntariamente los hijos que quisiera tener. #FALSO: Según la @Defensoria_Peru (1/2) pic.twitter.com/xoWa9JQsV6
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El abogado defensor de Alberto Fujimori, en una idea que ha sido reiterada por la candidata presidencial Keiko Fujimori, y provocó una oleada de críticas en las asociaciones de víctimas, sostiene que se trató de delitos individuales en los que el exmandatario no tuvo intervención y que ya han prescrito.
La candidata derechista insistió en que los hechos aislados denunciados por la fiscalía no eran una política de Estado: "La política de Estado era el plan de salud reproductiva y planificación familiar", afirmó.
#LaVerdadEsUnaSola #KeikoCompliceCruel Las #EsterilizacionesForzadas no son errores ni tampoco un programa de planificación familiar. Es un crimen de lesa humanidad con más de 200 mil víctimas y 1312 denunciantes que cuenta con evidencias y más de cien indicios (1/3) pic.twitter.com/hdOYgSzjQv
— Somos2074yMuchas+ (@Somos2074) May 15, 2021
La fiscalía representada por Pablo Espinoza, refuta esa tesis señalando que no se está cuestionando una intervención quirúrgica de esterilización, sino el programa de Planificación Familiar, con el método de anticoncepción quirúrgica voluntaria que, dijo, de voluntaria no tuvo nada.
#EsterilizacionesForzadas
— CCI - Perú (@CCI_Peru) May 15, 2021
Las palabras de Keiko Fujimori no borran los crímenes de la dictadura, de la que ella fue primera dama.
Hoy seguimos exigiendo condena para Fujimori, Aguinaga, Costa Bauer.
Sábado 22 Marcharemos #KeikoNoVa #FujimoriNuncaMás pic.twitter.com/UWcxQvcqm5
Los cuatro exfuncionarios están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un presunto plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.