El expresidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro consejeros  introdujeron una demanda civil ante tribunales belgas contra el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, donde califican a España como un "Estado delincuente".

En esta demanda de al menos 20 páginas se explican los hechos que llevaron a prisión de manera repentina a 14 altos funcionarios y técnicos del Gobierno catalán luego de que las fuerzas independentistas ganaran las elecciones con mayoría a absoluta.

"Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales", señala el escrito.

"El sistema judicial español ha sido hasta el momento incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial, distintas jurisdicciones de España han tomado numerosas decisiones judiciales realizando múltiples violaciones incompatibles con los valores que fundamentan la Unión Europea".

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Esta demanda ha provocado que se cite al juez español por acusaciones de falta de independencia. El texto hace énfasis en que el actual Gobierno de España liderado por el presidente, Pedro Sánchez, se ha negado a defender al juez ante esta acción civil.

Acusa a Llarena de "comparar el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".

"El comportamiento del juez Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales", indica la demanda que sigue su curso legal.

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