La Fiscalía brasileña ha pedido investigar posibles irregularidades en el manejo de los presupuestos del Gobierno de Jair Bolsonaro, quien habría desviado dinero público para favorecer iniciativas de parlamentarios de la base oficialista, trascendió este martes.

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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), de Brasil, confirmó el martes la recepción de esa solicitud por parte de la Fiscalía, la cual procedió en atención a un pedido de la oposición, y que analizará el caso, referido a sospechas de desvíos presupuestarios por el equivalente de cerca de 580 millones de dólares.

Ese dinero, según los promoventes, habría sido usado con fines diferentes a los aprobados en el Parlamento y dirigido a obras propuestas por algunos diputados y senadores afines al Gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder desde enero de 2019.

Algunos casos se refieren a la compra de cientos de tractores para pequeños agricultores a precios al parecer muy superiores a los del mercado y otros a obras de pavimentación en lugares que ni siquiera fueron definidos de manera previa.

En todos los casos, el dinero habría favorecido proyectos de legisladores de la base oficialista, que hasta pudieran haberse apropiado de parte de los recursos, denuncia la acusación. La oposición denunció el asunto al TCU, organismo responsable de fiscalizar el gasto público, que analizará el caso y determinará si existen "motivos fundados" para la apertura de una investigación.

El manejo irregular de los presupuestos es una de las causas que la Constitución brasileña define como "crímenes de responsabilidad", que pueden ser motivos para la apertura de un juicio con miras a la destitución de un mandatario.

De hecho, problemas con los presupuestos del Estado llevaron en 2016 al proceso que le costó el cargo a la entonces presidenta Dilma Rousseff, destituida por manejos irregulares destinados a maquillar un creciente déficit fiscal.

Bolsonaro ya ha sido objeto de varios pedidos de “impeachment”, como en Brasil se conoce al proceso de destitución, pero en su mayoría relacionados con su gestión de la pandemia de la Covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 420.000 personas en el país.