Bolivia suma 13 detenidos por masacres durante golpe de Estado
La justicia detuvo al general Pablo Arturo Guerra como parte de las investigaciones a la represión militar en el 2019.
Con la aprehensión del exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, suman 13 los detenidos por las investigaciones al golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Evo Morales, y las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata.
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En cumplimiento a una orden del Ministerio Público, se allanó este domingo la vivienda del militar en la ciudad de La Paz donde fue detenido y posteriormente trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
El general es uno de los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, designado por la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez,
El documento oficial se hará público de acuerdo a protocolo de plazos acordado con este organismo. #MemoriaVerdadYJusticia
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 24, 2021
Guerra Camacho junto a dos excomandantes y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Luis Fernando Valverde está acusado por la violencia y los 10 muertos por impactos de bala en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.
La represión en Senkata dejó 10 fallecidos durante la intervención policial-militar al cerco realizado por los partidarios del entonces presidente derrocado Evo Morales a la planta de hidrocarburos de Senkata. Este hecho ocurrió tras la autoproclamación de Áñez como mandataria, el 12 de noviembre de ese mismo año.
Cuatro días antes de la violencia en Senkata, el 15 de noviembre, también fuerzas de militares y policías se apostaron en el puente Huayllani (Sacaba) e impidieron que una marcha de cocaleros siguiera su camino hacia la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales.
En total, las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad era mayor.
A nivel nacional, reportó que en todas las protestas realizadas durante esos días habían sido asesinadas 37 personas.
Ambas matanzas ocurrieron después de que Áñez firmó un decretoordenando la intervención de las fuerzas armadas en represión de manifestaciones, eximiendo anticipadamente a los militares de eventuales responsabilidades penales.