El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo este sábado una reunión con varios gremios donde anunció la abrogación de la denominada Ley 1386, también denominada Ley madre, la cual es utilizada por grupos extremistas para desestabilizar al país.

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"Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando nuestra economía", indicó el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario detalló que aunque movimientos sociales convocaron el debate de la Ley, sectores extremistas la utilizan para generar desestabilización, "hay una agenda política en ese cuestionamiento a la Ley, hemos escuchado los acuerdos suscritos entre los ministros que se han desplazado a los nueve departamentos con organizaciones sociales donde hay propuestas para modificar artículos de la Ley", acotó.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) November 14, 2021

"No queremos más zozobra, más dolor en la familia boliviana. Queremos tener la tranquilidad para que se reanuden las labores y continuemos que se siga construyendo la economía", reiteró el presidente Arce.

Diversos representantes de gremios (campesinos, transportistas y trabajadores) expresaron la defensa a la democracia y constitucionalidad del país andino, al mismo tiempo, advirtieron que los denominados comités cívicos (dirigidos por miembros de extrema derecha) pretenden dar otro golpe de Estado.

"No se dejen engañar, no son las leyes, el objetivo es desestabilizar nuestro Gobierno, su objetivo es dar un segundo golpe de Estado y las organizaciones no lo van a permitir", recalcó el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi,

Huarachi enfatizó que los movimientos sociales se mantiene alerta ante los llamamientos violentos de grupos extremistas, "ahora nos damos cuenta que no era la Ley 1386, solo es un instrumento para desestabilizar nuestro Gobierno, nuestro país y las organizaciones", sentenció.

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, tuvo su aprobación el pasado mes de agosto y tenía como objetivo judicializar a ciudadanos que incurran en el blanqueo de capitales.

Esta medida que contenía siete artículos fue rechazada por algunos sectores sociales, pues aludían que permitiría al jefe de Estado a tener un "mayor poder para hacer inteligencia financiera", consigna que ha sido utilizada por comités cívicos (co-partícipes del golpe de Estado contra Evo Morales) para convocar a bloqueos y estancar el proceso de reactivación económica que lleva a cabo el país.

Pese a que el presidente Arce convocó a gremios socioeconómicos a un gran diálogo, los representantes de los comités cívicos, rechazaron la invitación y continuaron con bloqueos de carreteras, afectando la cotidianidad de los habitantes especialmente de Cochabamba (epicentro del bloqueo).